El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) presentó una acción colectiva de amparo ante el Juzgado Contencioso Federal 11 para que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 10 y 56 de la Ley 27.802, parte de la reciente reforma laboral. Según la entidad, estas disposiciones afectan de manera directa el ejercicio profesional de los abogados laboralistas y el acceso a la justicia de los trabajadores.

El presidente del CPACF, Ricardo Gil Lavedra, explicó que el artículo 10 introduce la responsabilidad solidaria de los abogados en el pago de costas si el juez considera que el reclamo fue sobredimensionado, incluso sin que exista mala fe. Por su parte, el artículo 56 permite que las sentencias laborales se paguen en cuotas, lo que, según el Colegio, perjudica el cobro de honorarios profesionales y coloca a los abogados laboralistas en desventaja respecto de otros fueros.

La presentación, patrocinada por Alejandra García, coordinadora Legal y Técnica del Colegio, solicita además una medida cautelar para suspender la aplicación de los artículos impugnados mientras se resuelve el amparo. García remarcó que la acción no responde a la defensa de un interés sectorial, sino a la protección de garantías constitucionales como el derecho de defensa, la igualdad ante la ley y la efectiva protección de derechos de naturaleza alimentaria.

El CPACF advirtió que, de no prosperar el amparo, miles de abogados deberían presentar demandas individuales, lo que podría saturar el sistema judicial. Además, la entidad citó precedentes de la Corte Suprema que permiten a las asociaciones profesionales reclamar en nombre de sus integrantes cuando existen derechos homogéneos afectados.

La reforma laboral ha generado controversia en el ámbito jurídico, y otras asociaciones de abogados en el país también han presentado acciones similares. El Colegio anticipó que, en caso de un fallo desfavorable en primera instancia, recurrirá a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, invocando la existencia de un "caso federal" por la eventual lesión de derechos y garantías constitucionales. El debate sobre la constitucionalidad de la reforma continúa y podría tener impacto en todo el sistema laboral argentino.