El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, fue víctima del robo de su teléfono celular durante un acto institucional en la localidad de La Cocha, un hecho que generó repercusiones políticas y judiciales en la provincia. El incidente ocurrió el miércoles 18 de junio, cuando el mandatario saludaba a militantes y vecinos tras participar en un evento oficial. En medio de la multitud, una mujer logró sustraerle el dispositivo del bolsillo del saco, hecho que fue advertido por Jaldo al subir a su vehículo.

Tras alertar a su equipo de seguridad, la policía y los custodios del gobernador revisaron imágenes captadas por un fotógrafo presente en el lugar. Las fotos permitieron identificar a la sospechosa, Liliana Carrizo, residente de Los Pizarro, quien fue detenida horas después en su domicilio, donde se recuperó el celular robado. El dispositivo fue devuelto al gobernador aproximadamente una hora después del hecho.

La Justicia imputó a Carrizo por hurto simple y dictó 30 días de prisión preventiva, un plazo inusualmente extenso para este tipo de delito, justificado por la necesidad de realizar peritajes sobre el teléfono, tres pendrives y una computadora secuestrados en el allanamiento. Las pericias buscan determinar si la acusada accedió a información sensible del dispositivo o la transfirió a otros dispositivos. La abogada querellante, representante de Jaldo, solicitó agravar la acusación, pero el juez mantuvo la carátula de hurto simple.

El gobernador Jaldo no descartó motivaciones políticas detrás del hecho y recordó que no es la primera vez que enfrenta situaciones delicadas relacionadas con su seguridad y privacidad. "No me van a asustar ni me voy a esconder", afirmó, y defendió su estilo de gestión cercano a la ciudadanía. El caso se tramita en el Centro Judicial de Concepción y la investigación continúa para determinar si hubo cómplices o intenciones adicionales.

El episodio se produce en un contexto de tensión política en Tucumán, con recientes intervenciones municipales y denuncias de corrupción y narcotráfico en la región. Las autoridades provinciales han convocado a elecciones en municipios intervenidos, buscando restablecer la normalidad institucional. El desenlace de la causa podría tener implicancias en la seguridad de los funcionarios y en la política local.