La Justicia federal argentina avanza en la investigación por la distribución de fentanilo contaminado, un caso que ya provocó la muerte de al menos 54 personas en distintos puntos del país. El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, dispuso la inhibición general de bienes y la prohibición de salida del país para 31 personas y ocho sociedades comerciales, entre ellas los laboratorios HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo, así como la Droguería Alfarma, principal distribuidora del medicamento.

La medida, adoptada para evitar el riesgo de fuga y asegurar el patrimonio de los investigados, responde a la gravedad de los hechos: los lotes 31.202 y 31.244 de fentanilo, producidos en la última campaña de 2024, estaban contaminados con bacterias que provocaron infecciones fatales en pacientes hospitalizados. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) suspendió la producción de medicamentos en los laboratorios implicados tras detectar un "desvío de calidad".

La investigación se inició en mayo de 2025, tras la denuncia del Hospital Italiano de La Plata, donde 15 de 18 pacientes infectados fallecieron. El Ministerio Público Fiscal calificó los hechos como delitos contra la salud pública y promovió la acción penal, aunque hasta el momento no hay imputados formales. El expediente avanza con la expectativa de que los peritajes definitivos permitan confirmar las responsabilidades penales.

El gobierno de Santa Fe, que reportó 35 muertes vinculadas al caso, se constituyó como querellante para aportar pruebas y exigir justicia. "Necesitamos que se investigue y realmente lleguemos a los responsables de esto", declaró la ministra de Salud provincial, Silvia Ciancio. La causa también involucra a hospitales y sanatorios de Rosario y Santa Fe, donde se registraron pacientes afectados.

El caso ha puesto en evidencia la falta de controles efectivos y la complejidad del entramado societario detrás de la producción y distribución de medicamentos en el país. Mientras la Justicia avanza con allanamientos y análisis de pruebas, familiares de las víctimas y organismos estatales reclaman avances concretos y sanciones ejemplares para los responsables. El desenlace de la investigación será clave para determinar el alcance de las responsabilidades y evitar futuras tragedias sanitarias.