Fabiola Yañez, ex primera dama de la Argentina, retiró la demanda civil que había iniciado en Madrid para regular la tenencia de su hijo Francisco, fruto de su relación con el expresidente Alberto Fernández. La decisión, tomada a finales de octubre y comunicada a su abogada española, Laura Escribá Crespo, se conoció mientras Yañez ya se encontraba instalada en Buenos Aires, donde ahora se concentran las negociaciones por la custodia y la cuota alimentaria del menor.

El proceso judicial en España había sido impulsado para fijar el centro de vida del niño y establecer un régimen de visitas en caso de que Fernández viajara a Europa. Sin embargo, la mudanza definitiva de Yañez a la Argentina en septiembre y la escolarización de Francisco en Buenos Aires vaciaron de contenido el reclamo en el exterior. “Desistió de las actuaciones, porque ya no tenían sentido si ella no reside en España”, explicó Escribá Crespo.

El expediente en Madrid enfrentó demoras debido a la existencia de una causa penal por violencia de género abierta en Buenos Aires, lo que llevó a que la competencia pasara a un juzgado especializado. La resolución sobre la competencia llegó recién el 6 de octubre, cuando Yañez ya residía en Argentina. El regreso de la ex primera dama fue sorpresivo incluso para su entorno y abogados, quienes recibieron la noticia cuando ella ya estaba en vuelo.

En la actualidad, Yañez reclama un acuerdo económico que incluye el alquiler de un departamento con amenities, servicio doméstico y la cobertura de la cuota escolar de su hijo durante 15 años. Por orden judicial, percibe una suma cercana a los seis millones de pesos mensuales, solventada con la jubilación de privilegio de Fernández. El expresidente, por su parte, niega las acusaciones de violencia y sostiene que el conflicto es de índole económica. “Todo lo que dice es mentira y siempre termina con que lo que ella quiere es un departamento”, declaró Fernández en medios radiales.

La causa penal por violencia de género sigue su curso en los tribunales de Comodoro Py. El procesamiento de Fernández fue confirmado, pero el juez Julián Ercolini fue apartado y el caso quedó en manos de Daniel Rafecas. El desenlace de la disputa legal y familiar dependerá ahora de la justicia argentina, que deberá resolver tanto la custodia como la causa penal en curso.