La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dejó sin efecto más de 4.000 juicios penales por evasión de impuestos tras la entrada en vigencia de la Ley de Inocencia Fiscal, una reforma que modificó sustancialmente el régimen penal tributario en Argentina. La medida responde a la actualización de los montos mínimos a partir de los cuales el incumplimiento tributario se considera delito penal, lo que llevó a la revisión y cierre de miles de expedientes abiertos bajo el esquema anterior.

Según datos oficiales, ARCA anuló 4.199 causas judiciales iniciadas por el propio organismo, luego de aplicar el principio de "ley penal más benigna", que permite la aplicación retroactiva de la norma más favorable al imputado. Con la nueva legislación, la evasión simple se configura desde los 100 millones de pesos, en contraste con el umbral anterior de 1,5 millones, mientras que la evasión agravada pasa a partir de los 1.000 millones de pesos, frente a los 15 millones previos. En casos de estructuras interpuestas o maniobras para ocultar la identidad del contribuyente, el monto mínimo se elevó a 200 millones de pesos.

La reforma fue acompañada por la Instrucción General 1/2026, que estableció lineamientos para revisar expedientes penales tributarios, aduaneros y de seguridad social en trámite. El objetivo es determinar si los montos investigados superan los nuevos mínimos previstos y, en caso contrario, cerrar las causas. Especialistas en materia tributaria consideran que la actualización de los umbrales era necesaria para corregir el atraso generado por la inflación, que había provocado la apertura de causas penales por sumas relativamente bajas y una sobrecarga del sistema judicial.

El nuevo esquema legal incorpora un mecanismo de actualización anual de los montos mediante la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), con el fin de evitar que los parámetros vuelvan a quedar desfasados frente a la inflación. De este modo, el sistema penal tributario argentino se enfocará en maniobras de evasión de gran magnitud, mientras que los incumplimientos de menor escala serán tratados como infracciones administrativas.

El futuro inmediato dependerá de la jurisprudencia que fijen los tribunales federales en las próximas actualizaciones anuales y del criterio que adopten respecto a la aplicación del principio de ley penal más benigna. El universo de causas alcanzadas podría incrementarse si se computan las denuncias de terceros, además de las impulsadas por ARCA.