Un grave caso de violencia institucional y de género sacude a la Armada Argentina. Seis integrantes de la fuerza fueron procesados por su implicación en un entrenamiento antidisturbios que dejó a una marinera voluntaria, de 21 años, gravemente herida. El incidente ocurrió el pasado 4 de abril en la jurisdicción naval de Vicente López, durante una práctica que, según la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, estuvo marcada por irregularidades y un uso excesivo de la fuerza.

La joven sufrió un "status epiléptico" tras recibir una patada voladora por parte de uno de los procesados, quien además era su expareja. Este acusado enfrenta prisión preventiva por lesiones graves triplemente agravadas, mientras que los otros cinco imputados fueron procesados por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La víctima permaneció en coma inducido durante dos semanas en el Hospital Militar Central de Belgrano, donde fue tratada por lesiones severas que pusieron en riesgo su vida.

Según los testimonios, la joven no recibió atención médica inmediata tras el incidente, y los superiores habrían intentado encubrir los hechos, instruyendo a los participantes a mentir sobre las lesiones. La jueza Arroyo Salgado destacó la gravedad del caso y aplicó perspectiva de género en su resolución, subrayando la necesidad de revisar los protocolos de entrenamiento militar.

El Ministerio de Defensa y el Senado fueron notificados para tomar conocimiento de los hechos y evaluar posibles medidas correctivas. Mientras tanto, la Armada inició un sumario interno para determinar sanciones y posibles bajas de los involucrados. Este caso ha reavivado el debate sobre el rol de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior y la necesidad de incorporar una perspectiva de derechos humanos y género en su formación.

Organismos de derechos humanos y género han condenado el caso, exigiendo reformas estructurales en la formación militar para prevenir futuros episodios de violencia institucional. La jueza también sugirió modificaciones en los reglamentos y protocolos de entrenamiento, así como la implementación de medidas para facilitar la denuncia de abusos dentro de las fuerzas armadas.

La joven, que ya ha despertado del coma, declaró desde el hospital, detallando los abusos sufridos y la falta de asistencia inmediata. Su testimonio, junto con las pruebas presentadas, ha sido clave para avanzar en la causa. Este caso pone en evidencia las fallas estructurales en la formación y supervisión dentro de las fuerzas armadas, y plantea la necesidad urgente de reformas para garantizar el respeto a los derechos humanos y la igualdad de género.