Un presunto caso de abuso sexual en la escuela José Cartellone de El Bermejo, Guaymallén, ha generado conmoción en la comunidad educativa y en la sociedad mendocina. Un celador fue detenido el miércoles por la noche tras la denuncia de la madre de un niño de 6 años, quien habría sido víctima del ataque dentro del establecimiento.

El caso salió a la luz cuando las autoridades escolares llamaron a la madre del menor para que lo retirara debido a que se había orinado. Al llegar a casa, el niño rompió en llanto, y su madre descubrió rastros de sangre y semen en su ropa. Inmediatamente, la mujer se dirigió a la escuela para exigir explicaciones, lo que derivó en una protesta de padres frente al establecimiento y la intervención de la policía.

La fiscal de delitos contra la integridad sexual, María de las Mercedes Moya, ordenó la detención del celador, quien fue trasladado a la Comisaría 57° mientras se avanza en la investigación. Según declaraciones de familiares, el niño identificó al sospechoso, un celador suplente que llevaba poco tiempo trabajando en la escuela.

Un informe preliminar del Cuerpo Médico Forense no encontró material genético en la ropa del niño, lo que ha generado incertidumbre sobre la imputación del acusado. Sin embargo, la fiscalía continúa recolectando pruebas, incluyendo un informe del Programa Provincial de Maltrato Infantil, para determinar los próximos pasos en el caso.

La Dirección General de Escuelas (DGE) y el Ministerio Público Fiscal han activado los protocolos correspondientes, que incluyen la separación preventiva del acusado y la intervención de equipos técnicos especializados para brindar contención a las familias afectadas. Carina Gannam, titular de la Dirección de Acompañamiento Escolar, destacó que estas medidas buscan garantizar la protección de los derechos de los niños y prevenir futuros casos.

Este caso se suma a otros reportados recientemente en escuelas de Guaymallén, lo que ha puesto en el centro del debate la efectividad de los protocolos de actuación ante abusos sexuales en instituciones educativas. La comunidad exige justicia y medidas más estrictas para evitar que situaciones similares se repitan.

Mientras tanto, la fiscalía ha pedido cautela y paciencia, subrayando la importancia de contar con pruebas concluyentes antes de proceder con una imputación formal. "El relato de la víctima es fundamental, pero también lo es la evidencia que permita sustentar una acusación en el marco de la ley", señaló un vocero del Ministerio Público Fiscal.

La sociedad mendocina sigue de cerca el desarrollo de este caso, que ha generado un fuerte impacto emocional y ha reavivado el debate sobre la seguridad y el bienestar de los niños en las escuelas.