El gobierno argentino, encabezado por el presidente Javier Milei, avanza con un ambicioso plan de desregulación y reducción del Estado que incluye la eliminación de 24 organismos públicos, la fusión de 15 y la transformación de 16 dependencias. Estas medidas, que serán implementadas a través de una serie de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), buscan optimizar la estructura estatal y reducir la burocracia, según explicó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Uno de los aspectos más controvertidos del plan es la apertura del cabotaje marítimo a buques extranjeros, lo que permitirá la contratación de tripulaciones de cualquier nacionalidad y el registro de naves bajo banderas extranjeras. Según el gobierno, esta medida tiene como objetivo agilizar el comercio y reducir barreras administrativas. Sin embargo, críticos advierten que podría implicar una pérdida de soberanía en aguas nacionales y afectar negativamente a la industria naval y a los trabajadores del sector.

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) estima que estas reformas podrían resultar en la pérdida de al menos 3.000 empleos. Además, el gobierno planea reactivar el proyecto de Ley Hojarasca, que busca derogar más de 70 normas consideradas obsoletas, aunque este ya había sido rechazado en 2023 por falta de consenso en el Congreso.

Para evitar posibles bloqueos judiciales, el Ejecutivo ha decidido emitir decretos separados por área, en lugar de un único DNU. "Si un juez concede un amparo contra un DNU único, todo el paquete se frena", explicaron fuentes oficiales.

Los ministerios más afectados por estas reformas serán los de Capital Humano, Economía y Salud, además de varias dependencias de la Secretaría de Cultura. La Ley Bases, que otorga al Ejecutivo facultades para reorganizar organismos, será clave para implementar estas medidas, aunque limita la disolución a un máximo de 30 entidades.

Estas iniciativas forman parte de la agenda desreguladora del gobierno libertario, que busca consolidar su narrativa política en un año electoral. Sin embargo, han generado críticas de la oposición, sindicatos y analistas, quienes consideran que estas políticas representan un "desguace del Estado" y una entrega a intereses extranjeros. A pesar de las controversias, el gobierno se mantiene firme en su intención de avanzar con estas reformas, argumentando que son necesarias para modernizar el país y dinamizar la economía.