La diputada Marcela Pagano, recientemente escindida del bloque oficialista, acusó públicamente al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, de estar vinculado con la filtración de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En dichos audios, se mencionan presuntas coimas que involucran a figuras cercanas al Gobierno, lo que ha desatado una ola de cuestionamientos sobre la transparencia y el manejo de inteligencia en la administración nacional.

Durante una sesión informativa en la Cámara de Diputados, Pagano interrogó a Francos sobre la presencia de ex agentes de la SIDE en la Jefatura de Gabinete, mencionando específicamente a José Luis Vila, actual secretario de Asuntos Estratégicos. "Francos es el único que ganó poder en la nueva redistribución. Tomen nota del nombre, por si en unas semanas vuela Caputo de la SIDE. Recuerden el nombre de José Luis Vila", expresó Pagano en una entrevista televisiva. La diputada sugirió que la filtración de los audios podría haber sido obra de Vila o de alguien bajo su órbita, aunque hasta el momento no existen pruebas documentales ni imputaciones judiciales que confirmen esta hipótesis.

El jefe de Gabinete, por su parte, calificó las filtraciones como "una operación política" y defendió la idoneidad de Vila, afirmando: "José Luis Vila me parece una persona absolutamente capacitada para desempeñar la Secretaría de Asuntos Estratégicos". Francos negó cualquier irregularidad y sostuvo que la presencia de ex agentes de inteligencia en su equipo responde a criterios de experiencia y profesionalismo, no a la ejecución de tareas de espionaje fuera del marco legal.

El caso ha generado un intenso debate mediático y político, con periodistas como Martín Granovsky señalando la existencia de una estructura de inteligencia en la Jefatura de Gabinete y advirtiendo sobre los riesgos de prácticas no reguladas. Al mismo tiempo, sectores oficialistas han acusado a Pagano y a su esposo, Franco Bindi, de estar detrás de la grabación y difusión de los audios, en un contexto de internas y luchas de poder dentro del Gobierno.

La investigación judicial sobre el origen de los audios continúa, sin que hasta el momento se hayan formalizado imputaciones contra funcionarios. El episodio pone de relieve la fragilidad institucional y la persistencia de tensiones entre distintos sectores políticos, mientras la sociedad observa con preocupación el desarrollo de los acontecimientos y espera definiciones claras sobre la transparencia y el control de los servicios de inteligencia en el Estado argentino.

El desenlace de la causa judicial y las eventuales medidas que adopte el Gobierno serán determinantes para esclarecer los hechos y restaurar la confianza pública en las instituciones.