Una presunta estafa con la venta de pasajes aéreos a precios promocionales dejó a más de 200 familias argentinas sin viaje ni reembolso, generando un escándalo que involucra a una gestora identificada como Karyna. La maniobra, que se extendió durante meses, consistía en ofrecer boletos a Europa y otros destinos a valores muy por debajo del mercado, bajo el argumento de que se trataba de beneficios exclusivos para empleados de aerolíneas como Iberia y American Airlines.

Según relataron las víctimas, los pagos se realizaban en efectivo en un departamento de Recoleta o a través de una asistente. Los pasajes, supuestamente confirmados, se entregaban pocos días antes del viaje. Sin embargo, en las últimas semanas, decenas de compradores descubrieron en el aeropuerto que sus reservas no existían, quedando varados en el exterior o perdiendo los ahorros de toda una vida.

El caso se viralizó en redes sociales y grupos de WhatsApp, donde las víctimas comenzaron a organizarse para presentar denuncias colectivas. El monto total del fraude superaría los 300.000 dólares, y el impacto emocional es significativo: familias debieron endeudarse para regresar y muchos proyectos personales quedaron truncos. "Queremos justicia y que nos devuelvan lo que nos robaron. No es solo una cuestión de dinero, es el daño emocional y la impotencia de ver cómo un viaje soñado se convierte en una pesadilla", expresó una de las damnificadas.

La operadora, Karyna, dejó de responder a los reclamos y actualmente se encuentra internada tras un intento de suicidio, según informaron allegados. Mientras tanto, la Justicia investiga el caso bajo la órbita del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 57 y la Fiscalía N° 58, que mantienen la causa bajo estricta reserva. Iberia, por su parte, inició una investigación interna y negó cualquier vínculo con la gestora.

El caso pone en evidencia la vulnerabilidad de los consumidores ante ofertas tentadoras y la necesidad de mayores controles en la comercialización de servicios turísticos. Las víctimas, organizadas en grupos, buscan asesoramiento legal y esperan que la Justicia avance en la identificación de todos los responsables y la recuperación de los fondos perdidos.