La Justicia de Santa Fe ordenó a la billetera virtual Mercado Pago frenar el cobro de un préstamo de 6,7 millones de pesos, solicitado de manera fraudulenta a nombre de una empresa gastronómica local. La medida fue dispuesta por el juez de la Investigación Penal Preparatoria, Octavio Silva, a pedido del fiscal Agustín Nigro, quien dirige la investigación.

Según la causa, la principal sospechosa es una ex empleada de 30 años, identificada pero actualmente fuera del país. El hecho ocurrió el 19 de abril, cuando la mujer ingresó al local gastronómico ubicado en calle Suipacha al 2300, utilizando una llave y sin forzar la entrada. Una vez dentro, apagó el circuito eléctrico, interrumpiendo la grabación de las cámaras de seguridad, y accedió a la plataforma de Mercado Pago desde una computadora del comercio. Usando un teléfono celular ajeno a las víctimas, modificó contraseñas y realizó movimientos de dinero.

El préstamo de 6,7 millones de pesos, junto con otros 300.000 pesos disponibles en la billetera virtual, fue transferido a terceros y finalmente llegó a manos de la imputada. La investigación logró identificarla mediante el análisis de registros de videovigilancia, la geolocalización de conexiones a la plataforma y la trazabilidad de los fondos.

El fiscal Nigro explicó que los delitos investigados son estafa por simulación de identidad e ingreso ilegítimo a una base de datos privada de servicios financieros. Ya se dictó una orden de detención internacional contra la sospechosa.

Este caso se suma a otros hechos similares en la ciudad, como el de una mujer mayor que fue víctima de una estafa por más de 2,7 millones de pesos a través de la misma plataforma. El fallo judicial ocurre en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en las operaciones digitales y en medio de tensiones entre Mercado Pago y el gobierno provincial, que ha cuestionado los controles de la empresa sobre el uso de sus dispositivos.

La causa sigue en etapa de investigación, mientras se esperan novedades sobre la captura de la presunta autora y se refuerza el debate sobre la responsabilidad de las plataformas financieras en la prevención de fraudes.