El Gobierno argentino ha oficializado la creación del Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud (PROMESA), una medida que busca agilizar la resolución de conflictos entre los usuarios del sistema de salud y los prestadores médico-asistenciales. La iniciativa, publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 379/2025, tiene como objetivo principal descongestionar el sistema judicial y garantizar un acceso más eficiente a las prestaciones sanitarias.

El procedimiento, que será optativo, permitirá a los ciudadanos resolver disputas de manera ágil y con menores costos antes de recurrir a la vía judicial. Según datos oficiales, los amparos en salud han mostrado un incremento significativo en los últimos años, con un aumento del 471,79% entre 2023 y 2024. Este contexto ha llevado al Gobierno a implementar PROMESA como una herramienta para abordar la creciente judicialización del sistema sanitario.

El Ministerio de Justicia será el encargado de supervisar el funcionamiento del procedimiento, mientras que el Ministerio de Salud tendrá un rol clave en la capacitación de los mediadores, quienes deberán contar con formación específica en problemáticas sanitarias. Las audiencias de mediación se realizarán bajo principios de voluntariedad, celeridad y confidencialidad, con plazos que oscilarán entre 5 y 7 días. Además, se garantizará el acceso a patrocinio jurídico gratuito para quienes no puedan costearlo.

El sistema comenzará a operar en agosto de 2025, 60 días después de su publicación en el Boletín Oficial. El Gobierno también ha invitado a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a implementar procedimientos similares en sus jurisdicciones.

PROMESA surge en un contexto de creciente litigiosidad en el ámbito de la salud, impulsada por factores como el aumento de los costos médicos y la eliminación de la regulación estatal sobre los precios de las prepagas en 2023. Aunque la medida ha sido bien recibida por algunos sectores, expertos advierten que podría ser insuficiente si no se abordan las causas estructurales de los conflictos en el sistema sanitario.

Con esta iniciativa, el Gobierno busca no solo aliviar la carga del sistema judicial, sino también garantizar que los ciudadanos tengan un acceso más efectivo y menos costoso a las prestaciones de salud. Sin embargo, su éxito dependerá en gran medida de su implementación efectiva y de la colaboración entre las distintas jurisdicciones del país.