El caso conocido como "Libra Gate" ha escalado en complejidad y alcance, involucrando tanto a figuras políticas como empresariales en Argentina y Estados Unidos. La investigación, que apunta a una presunta estafa vinculada a la criptomoneda $LIBRA, ha llevado a medidas judiciales significativas.

En Argentina, el fiscal federal Eduardo Taiano solicitó información sobre las líneas telefónicas del presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y otros imputados desde enero de 2024. Este pedido forma parte de una estrategia para realizar un entrecruzamiento telefónico que podría arrojar luz sobre las comunicaciones relacionadas con el lanzamiento de $LIBRA. Además, se busca establecer la geolocalización de dispositivos utilizados por Hayden Davis, creador de la criptomoneda, durante sus visitas al país.

Por otro lado, en Estados Unidos, una Corte del Distrito Sur de Nueva York ordenó congelar 110 millones de dólares en criptoactivos vinculados a $LIBRA. Este monto incluye 57 millones de dólares en USDC, una criptomoneda estable. Según documentos judiciales, los fondos congelados están relacionados con billeteras virtuales que habrían drenado capitales tras el desplome del valor de $LIBRA en febrero de 2024.

La Cámara Federal de Casación Penal en Argentina confirmó el derecho de los damnificados a ser querellantes en el caso, rechazando un recurso extraordinario presentado por los imputados. Esta decisión permite a las víctimas participar activamente en el proceso judicial, que busca esclarecer los hechos y recuperar los fondos perdidos.

El impacto económico del caso es significativo, con más de 40,000 inversores afectados y pérdidas que superarían los 200 millones de dólares. Entre los damnificados se encuentran tanto ciudadanos argentinos como extranjeros, algunos de los cuales han perdido sumas millonarias.

El caso también ha generado controversia política. Javier Milei, quien promovió el lanzamiento de $LIBRA en sus redes sociales, enfrenta críticas por su papel en el proyecto. Según declaraciones de Hayden Davis, el acuerdo incluía promoción directa por parte de Milei, aunque el presidente no cumplió con todas las condiciones pactadas.

La investigación continúa en ambas jurisdicciones, con medidas judiciales adicionales y peritajes en curso. Se espera que los resultados de estas acciones arrojen más luz sobre el caso y determinen las responsabilidades legales de los involucrados. Mientras tanto, el "Libra Gate" sigue siendo un tema de debate público y político, con implicaciones que podrían extenderse más allá del ámbito judicial.