Una jubilada de 64 años presentó una denuncia formal ante la Auditoría General de Gestión de Rosario contra la fiscal adjunta Ana Milicic, acusándola de abuso de autoridad y de ordenar allanamientos y detenciones arbitrarias en Funes y Rosario. Según el escrito, la investigación se inició a partir de una denuncia anónima que carecía de pruebas objetivas y datos verificables, en la que se afirmaba que en la vivienda de la denunciante había escondidos millones de dólares, armas ilegales y cuentas bancarias millonarias.

El operativo principal se realizó el 10 de septiembre en dos domicilios, uno en Funes y otro en Rosario. De acuerdo con la denuncia, los allanamientos fueron ejecutados de manera violenta por un grupo táctico armado, que habría causado destrozos y requisado a la mujer en condiciones humillantes. Durante el procedimiento, la policía solo halló 19 mil dólares y una pistola registrada a nombre del hijo de la denunciante, quien contaba con la credencial de legítimo usuario. A pesar de ello, la fiscal habría ordenado la detención de la jubilada, quien permaneció incomunicada por más de 24 horas, junto a su hijo y la pareja de este, todos sin antecedentes penales.

La denunciante sostiene que el accionar de la fiscalía vulneró garantías constitucionales, como la inviolabilidad del domicilio y el derecho de defensa, y critica lo que considera un "orden de justicia invertido: primero allanar, segundo detener, tercero investigar". Además, denuncia que los agentes policiales secuestraron vehículos sin orden judicial y que los detenidos fueron mantenidos en condiciones insalubres.

Por su parte, la fiscal Ana Milicic negó cualquier irregularidad y afirmó que los procedimientos se realizaron con autorización judicial y bajo el aval del fiscal regional. "No hubo abuso de autoridad ni irregularidad alguna en el procedimiento. Se secuestraron armas de fuego, dinero y se actuó en base a tareas investigativas que se dispusieron, todo con conocimiento de la Fiscalía Regional", declaró Milicic. El fiscal regional, Matías Merlo, respaldó el accionar de la funcionaria y desestimó su apartamiento, argumentando que no existían motivos graves que afectaran la objetividad o eficacia de su desempeño.

La Auditoría General de Gestión deberá ahora evaluar la gravedad de las acusaciones y decidir si abre un proceso administrativo para investigar el accionar de la fiscal. El caso pone en debate el uso de denuncias anónimas y los límites de los procedimientos judiciales en la provincia de Santa Fe, en un contexto de creciente preocupación por la protección de garantías constitucionales.