El ex presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Juan Carlos Lascurain, deberá cumplir una condena de cuatro años de prisión tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de dejar firme la sentencia por desvío de fondos públicos. La causa, que involucra también al exasesor Juan Marcelo Vargas, se centra en el desvío de 50 millones de pesos destinados a la construcción de la “Avenida de los Mineros” en Río Turbio, Santa Cruz, una obra que nunca se concretó.

El Tribunal Oral Federal 7 otorgó a Lascurain y Vargas un plazo de cinco días hábiles para presentarse en la sede judicial y comenzar a cumplir la pena. La fiscal Fabiana León había solicitado la detención inmediata y la restitución de los fondos desviados, junto con los intereses correspondientes. La resolución judicial también dejó firme la absolución de Miguel Ángel Larregina, excoordinador de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), desvinculándolo definitivamente de la causa.

Según la investigación, entre el 30 de noviembre y el 9 de diciembre de 2015, YCRT entregó tres cheques por un total de 50 millones de pesos a Fainser S.A., empresa de Lascurain, bajo la apariencia de un adelanto de obra. Sin embargo, la Justicia determinó que no existía causa jurídica válida para ese desembolso y que los fondos ingresaron en las cuentas de la empresa sin que la obra se realizara. Durante el juicio, Lascurain reconoció haber recibido el anticipo, argumentando que fue utilizado para contratar personal y preparar el inicio de la obra, mientras que Atanacio Pérez Osuna, otro de los condenados, sostuvo que hubo una “decisión política” de no ejecutar el proyecto.

Este caso representa el primer juicio oral por irregularidades en YCRT y sienta un precedente para otros procesos judiciales relacionados con el manejo de fondos públicos en obras de la cuenca carbonífera. Aún permanece pendiente otro debate por el presunto desvío de al menos 264 millones de pesos destinados a obras en la mina de carbón de Río Turbio, en el que están imputados exfuncionarios como el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido.

La decisión de la Corte Suprema marca el cierre definitivo de una parte de las investigaciones, aunque el impacto político y judicial podría extenderse a otros casos similares. Lascurain, de 79 años, podría solicitar prisión domiciliaria debido a su edad, mientras que la Justicia avanza en la recuperación de los fondos desviados.