El arribo de un avión privado al Aeroparque Jorge Newbery el pasado 26 de febrero, propiedad del empresario Leonardo Scatturice, desató una fuerte polémica en el Gobierno y la Justicia argentina. El vuelo, proveniente de Florida, Estados Unidos, transportaba como única pasajera a Laura Belén Arrieta y al menos diez bultos de equipaje que, según imágenes de las cámaras de seguridad, no fueron sometidos a los controles habituales de la Aduana.

La situación fue detectada por los fiscales Claudio Navas Rial y Sergio Rodríguez, quienes señalaron "inconsistencias significativas" en el procedimiento: omisiones en los controles de equipaje, ausencia de registros que acrediten la trazabilidad de los bultos, deficiencias en los registros migratorios y falta de documentación sobre la inspección de la aeronave. Las imágenes muestran cómo una funcionaria de Aduana habilitó un carril especial para que Arrieta y los tripulantes evitaran el escaneo de sus valijas, mientras otros pasajeros sí debían cumplir con el procedimiento.

El caso generó sospechas de un posible "salvoconducto" y de la existencia de una instrucción externa que habría condicionado el accionar de los funcionarios. La Justicia, a cargo del juez Pablo Yadarola, ordenó identificar y citar a declarar a los agentes de Aduana, Migraciones y ANAC involucrados, así como a los responsables de los vehículos que participaron en la operación. Además, se solicitó cooperación internacional para esclarecer el origen y destino del vuelo, y se investiga el contenido de las valijas, que podría incluir desde dinero hasta tecnología de inteligencia.

El Gobierno, por su parte, defendió el accionar de la Aduana, argumentando que el control de equipaje es selectivo y que no se escanean todas las valijas. El titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, aseguró que no hubo irregularidades y que se realizó un sumario interno que fue entregado a la Justicia. Sin embargo, los fiscales insisten en la gravedad de las irregularidades y en la necesidad de esclarecer si existió un trato privilegiado por motivos políticos o personales.

El episodio ocurre en un contexto de tensiones internas en el Gobierno y tras la reestructuración de la exAFIP. Scatturice, empresario con vínculos en Estados Unidos y cercano al presidente Javier Milei, ha sido señalado como facilitador de contactos con Donald Trump y recientemente adquirió la aerolínea Flybondi. El caso recuerda otros escándalos de valijas en la historia política argentina y pone en debate la transparencia y el control en los procedimientos estatales. La investigación judicial continúa y se esperan nuevas definiciones en los próximos días.