Una amplia mayoría opositora en el Senado, conformada por legisladores kirchneristas, radicales, macristas y provinciales, presentó dos proyectos de ley destinados a asegurar el financiamiento de las provincias, en respuesta a la retención de fondos por parte del Gobierno nacional. La iniciativa cuenta con el respaldo de todos los gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lo que evidencia la magnitud del consenso alcanzado.

Los proyectos proponen la distribución automática y diaria de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la eliminación de fondos fiduciarios, con el objetivo de que los recursos lleguen directamente a las provincias. Además, se plantea modificar la coparticipación del impuesto a los combustibles, estableciendo porcentajes específicos para el Tesoro Nacional, las provincias y el sistema previsional.

La presentación de estas leyes se produce tras una fallida reunión entre ministros de Economía provinciales y el secretario de Hacienda nacional, Carlos Guberman, quien no ofreció propuestas concretas para resolver el conflicto. "El Estado nacional está generando un superávit con plata de las provincias", denunció Pablo Olivares, ministro de Economía de Santa Fe, reflejando el malestar generalizado entre los mandatarios provinciales.

El Gobierno nacional, por su parte, se muestra dispuesto a coparticipar solo una parte menor del impuesto a los combustibles y restringe la distribución de los ATN a situaciones de emergencia, postura que ha generado fuerte rechazo entre los gobernadores. En paralelo, sindicatos de trabajadores viales han manifestado su preocupación por el impacto de las reformas en el empleo y la continuidad de obras públicas.

El conflicto se desarrolla en un contexto de ajuste fiscal y caída de la Coparticipación Federal, que registró una baja del 3,9% interanual, mientras que el impuesto a las Ganancias se desplomó un 18,7%. Ante la falta de acuerdo, las provincias evalúan avanzar con el paquete de leyes en el Congreso y no descartan recurrir a la vía judicial. La situación marca un nuevo capítulo en la disputa por la distribución de recursos y el federalismo en Argentina, con posibles implicancias para la gobernabilidad y la agenda política nacional.