Argentina vivió el 19 de febrero una de las jornadas de mayor tensión social y política del año, tras la convocatoria a una huelga general de 24 horas por parte de la Confederación General del Trabajo (CGT) y otros sindicatos en rechazo a la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei. La medida paralizó el transporte público, afectó servicios esenciales y tuvo un fuerte impacto en la actividad económica y social del país.

Desde la medianoche, trenes, subtes, colectivos y vuelos quedaron suspendidos, con más de 400 vuelos cancelados y 64.000 pasajeros afectados, según la Cámara de Líneas Aéreas. El paro también se sintió en terminales portuarias clave como Rosario y en sectores de la economía social y cooperativa, que se sumaron activamente a la protesta. "El acatamiento es importantísimo, ya desde ayer a la noche los sectores fabriles con turnos nocturnos empezaron a dejar sus puestos de trabajo”, afirmó Jorge Sola, secretario general de la CGT.

El Gobierno respondió con un fuerte operativo de seguridad en Buenos Aires y los principales accesos a la ciudad, además de anticipar descuentos salariales a empleados públicos que adhirieran a la huelga. Paralelamente, la Secretaría de Trabajo anunció la aplicación de multas a los gremios de transporte por incumplir la conciliación obligatoria, descartando por el momento la quita de personería gremial. "No hablamos de revancha ni venganza, lo que buscamos es dejar el mensaje de que incumplir con una conciliación es grave", señalaron fuentes oficiales.

La protesta coincidió con el debate en la Cámara de Diputados de la reforma laboral, que ya contaba con media sanción del Senado. El sindicalismo, que considera la reforma regresiva y contraria a derechos adquiridos, anticipó que recurrirá a la Justicia para intentar frenar la ley. "Acá no terminó nada. Esto recién empieza", declaró Cristian Jerónimo, cosecretario general de la CGT, mientras sectores más duros proponen escalar el conflicto con un paro de 36 horas.

El contexto económico agrava la situación: en los últimos dos años cerraron más de 21.000 empresas y se perdieron 300.000 empleos, según fuentes sindicales. El reciente cierre de la fábrica Fate y el despido de 900 trabajadores aumentaron la preocupación. El costo económico de la huelga se estima entre 400 y 600 millones de dólares.

Sin diálogo con el Gobierno y con pocas expectativas en el Congreso, el sindicalismo evalúa alternativas políticas y judiciales de cara al futuro, mientras la sociedad argentina sigue atenta a la evolución del conflicto y sus posibles consecuencias.