Guerra de mineras por una línea de alta tensión que pagaron los sanjuaninos
🔌 Disputa en San Juan: Vicuña y otras mineras se enfrentan por el acceso prioritario a una línea eléctrica clave para el desarrollo cuprífero. El conflicto podría definir el futuro de la infraestructura energética y minera en la provincia. #SanJuan #Minería
Una disputa de alto voltaje sacude al sector minero de San Juan, donde la empresa Vicuña, respaldada por BHP y Lundin Mining, busca asegurarse el acceso prioritario a una línea de alta tensión eléctrica fundamental para el desarrollo de su proyecto cuprífero Josemaría. La solicitud de Vicuña, que implica una inversión histórica de hasta 18.000 millones de dólares, ha generado resistencia entre otras compañías mineras y organismos provinciales, que advierten sobre el impacto de otorgar prioridad de uso sobre el 90% de la capacidad de la línea por 25 años.
La infraestructura en cuestión, financiada con aportes públicos y privados, es estratégica para el futuro energético y minero de la provincia. La reciente audiencia pública, convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRE), reunió a representantes de empresas, municipios y entes reguladores, quienes expusieron sus posturas sobre la asignación de la capacidad de transporte eléctrico. Mientras Vicuña argumenta que su inversión justifica la prioridad solicitada y que la obra fortalecerá el sistema eléctrico provincial, competidores como Los Azules, Barrick y Gualcamayo sostienen que la medida limita su acceso y podría afectar el desarrollo de otros proyectos.
El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) y los municipios del norte sanjuanino han manifestado su preocupación por el posible deterioro en la calidad del servicio eléctrico y la necesidad de garantizar capacidad para otros sectores productivos. Además, se plantea la importancia de establecer acuerdos de compensación y revisiones periódicas para evitar que un solo actor concentre el control de la infraestructura.
El trasfondo del conflicto revela las limitaciones históricas de la infraestructura eléctrica argentina y la urgencia de encontrar modelos regulatorios que incentiven la inversión privada sin sacrificar la equidad en el acceso. La resolución de este caso, que se espera en los próximos 30 días, podría sentar un precedente para futuras inversiones y definir el rumbo del desarrollo minero y energético en San Juan y el país.
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