La provincia de Santa Fe se encuentra inmersa en un proceso de reforma constitucional que ha generado intensos debates y negociaciones entre los distintos sectores políticos y sociales. En una extensa jornada de trabajo, la Comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana recomendó una modificación al artículo 21 de la Carta Magna, que otorga una amplia protección al sistema previsional vigente, aunque sin declarar la Caja Previsional como intransferible. Esta decisión, resultado de más de 14 horas de negociaciones, busca equilibrar la preservación del sistema con la posibilidad de futuras reformas, siempre que exista consenso suficiente.

El dictamen establece que el sistema previsional de los agentes públicos será financiado mediante un mecanismo de reparto solidario, de carácter público e indelegable, administrado por un órgano específico. Además, los recursos de las cajas previsionales serán intangibles y no podrán destinarse a otros fines. "Se tenderá a la sustentabilidad del sistema a través de acciones progresivas, equitativas y razonables", señala el texto, lo que permitirá eventuales ajustes para garantizar la viabilidad financiera sin cerrar la puerta a futuras modificaciones.

La decisión fue recibida con matices por los distintos sectores. Los referentes liberales valoraron que no se haya impuesto un cerrojo institucional a la transferencia de la Caja, mientras que los sectores progresistas destacaron las restricciones que dificultan su privatización. Por su parte, los constituyentes vinculados al gobierno resaltaron la importancia de mantener la sustentabilidad del sistema y evitar déficits crónicos en las empresas estatales, como Aguas Santafesinas.

El proceso de reforma también incluye la ampliación de derechos ciudadanos, como el acceso a la salud, la protección del trabajo, el derecho a un ambiente sano, la paridad de género y la inclusión digital. "La Constitución que estamos debatiendo no es solo un marco normativo: es la voz ciudadana hecha proyecto colectivo para las próximas generaciones", afirmó Alejandra Rodenas, presidenta de la comisión.

No obstante, el debate no estuvo exento de controversias. La Libertad Avanza decidió no acompañar los dictámenes, argumentando falta de apertura en algunos temas, mientras expertos constitucionalistas advierten sobre los riesgos de concentración de poder y recomiendan fortalecer la transparencia y la autonomía institucional.

La reforma constitucional de Santa Fe, que no se actualizaba desde 1962, representa una oportunidad para modernizar el marco institucional y consolidar una arquitectura republicana que responda a los desafíos actuales. La redacción final de los artículos aún debe ser aprobada por la asamblea constituyente, en un proceso que sigue abierto al debate y la participación ciudadana.