La tensión entre el Gobierno nacional y los gobernadores provinciales alcanzó un nuevo pico esta semana, poniendo en jaque la gobernabilidad de Javier Milei. Tras meses de reclamos y promesas incumplidas, los 23 mandatarios provinciales y el jefe de Gobierno porteño presentaron en el Senado dos proyectos de ley para garantizar la distribución equitativa del Impuesto a los Combustibles y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), recursos clave que el Ejecutivo central retiene y no reparte según los gobernadores.

El avance opositor no se limitó a la cuestión fiscal. En el Congreso, tanto en Diputados como en el Senado, la oposición y exaliados del oficialismo lograron quórum y dictámenes para proyectos de alto impacto social, como el aumento de las jubilaciones, la prórroga de la moratoria previsional y el financiamiento universitario. El oficialismo, superado en número y sin capacidad de negociación efectiva, quedó relegado a un rol de espectador, según admitieron incluso legisladores libertarios.

La Casa Rosada, consciente de la gravedad de la situación, intenta ahora abrir canales de diálogo y negociar con los gobernadores, especialmente tras el feriado del 9 de julio. Sin embargo, la desconfianza es alta y la unidad alcanzada por los mandatarios provinciales parece difícil de quebrar. El riesgo de que el presidente Milei deba vetar leyes aprobadas por amplias mayorías es real, y la posibilidad de que la oposición resista esos vetos con mayoría calificada en el Congreso representa una amenaza inédita para el oficialismo.

El trasfondo de esta crisis es eminentemente político y electoral. Las disputas internas en el oficialismo, la ruptura de alianzas con sectores del PRO y la UCR, y la presión de los gobernadores por asegurar recursos para sus provincias, configuran un escenario de alta volatilidad. Analistas y actores políticos advierten que la crisis de gobernabilidad ya impacta en la economía y en las expectativas de los mercados, mientras el Gobierno busca recomponer alianzas y evitar una derrota legislativa que podría debilitar aún más su gestión de cara a las elecciones de octubre.

El desenlace de este conflicto dependerá de la capacidad del Ejecutivo para negociar y de la solidez del frente opositor, en un contexto donde la gobernabilidad y la estabilidad económica están en juego.