El conflicto docente en Corrientes alcanzó un nuevo punto de tensión esta semana, luego de que el gobierno provincial aplicara descuentos de entre el 50% y el 90% en los haberes de marzo de miles de educadores. La medida, que afectó a docentes de toda la provincia, generó una ola de protestas y movilizaciones, incluyendo marchas masivas en ciudades como Paso de los Libres, la capital provincial y otras localidades.

Ante la presión social y el descontento generalizado, el gobernador Juan Pablo Valdés anunció la restitución total de los fondos descontados y reconoció que la situación se originó por un error en la aplicación de la normativa salarial tras el paro docente del 2 de marzo. "Hoy tuvimos la confirmación de que se solucionó", declaró Valdés, quien además anticipó una revisión completa del decreto que regula los haberes docentes.

El conflicto también provocó cambios en el gabinete provincial. El gobernador pidió la renuncia del ministro de Hacienda, Marcelo Rivas Piasentini, y se espera que Héctor García Grachot, actual subsecretario de Finanzas, asuma el cargo en los próximos días. "Vamos a estar haciendo el anuncio cuando sea prudente y cuando corresponda", señaló Valdés.

A pesar de la devolución de los descuentos, el clima de protesta persiste. Docentes autoconvocados, que se movilizaron incluso frente a la casa de la ministra de Educación, Ana Miño, expresaron su desconfianza tanto hacia el gobierno como hacia los sindicatos tradicionales. "No aceptamos que los gremios pretendan atribuirse lo que no supieron ni quisieron construir. Este reclamo nace del legítimo hartazgo", manifestaron en un comunicado.

El gobierno provincial, por su parte, busca recomponer la relación con el sector educativo y anunció gestiones ante autoridades nacionales para obtener fondos atrasados y financiar obras públicas. Sin embargo, los docentes advierten que, de no cumplirse los compromisos asumidos, continuarán con medidas de fuerza, incluyendo la instalación de "carpas blancas" y nuevas marchas.

El caso de Corrientes es seguido de cerca a nivel nacional, ya que podría sentar precedentes para la resolución de conflictos similares en otras provincias. El desenlace dependerá de la capacidad de diálogo y respuesta de las autoridades ante las demandas del sector educativo.