La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner continúa cumpliendo prisión domiciliaria en su departamento del barrio porteño de Constitución, tras la confirmación de su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por corrupción en la causa Vialidad. La situación ha generado un clima de alta tensión política y social, con operativos de seguridad reforzados y manifestaciones de apoyo en las inmediaciones de su domicilio.

En la madrugada del viernes, la Policía Federal Argentina instaló vallas y desplegó un fuerte operativo en la puerta del edificio donde reside la exmandataria. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió la medida argumentando que era necesaria para "mantener el orden" ante la presencia de militantes kirchneristas, a quienes acusó de "convertir las calles en una unidad básica". Sin embargo, Cristina Kirchner calificó el operativo de "ilegal" y denunció que se realizó sin orden judicial, señalando a Bullrich como responsable de una "provocación" y de buscar "generar conflicto y caos".

La exmandataria salió al balcón en varias ocasiones para saludar a sus seguidores, quienes se congregaron en la esquina de San José y Humberto 1° para expresarle su apoyo. Pese al frío y las restricciones, la militancia se mantuvo presente, mientras que la Justicia impuso un régimen de visitas restringido, permitiendo solo el acceso de familiares, abogados y médicos. La defensa de Kirchner presentó recursos judiciales para revertir estas limitaciones, considerándolas arbitrarias y sin precedentes en otros casos de prisión domiciliaria.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por su parte, desplegó operativos de limpieza en la zona, retirando carteles, pancartas y estructuras instaladas por los manifestantes. Según datos oficiales, el costo de estas acciones ascendió a 237 millones de pesos. Las autoridades porteñas argumentaron que buscan garantizar la normalidad en la circulación y el acceso a los edificios residenciales y comerciales.

El caso ha reavivado el debate político y social en torno a la figura de Cristina Kirchner, con denuncias de persecución y proscripción por parte de sus aliados, y reclamos de cumplimiento estricto de la ley por parte de sectores opositores. Dirigentes del peronismo, así como figuras internacionales como el presidente brasileño Lula da Silva, han expresado su solidaridad con la exmandataria. Mientras tanto, la situación sigue generando movilizaciones y un intenso debate sobre la judicialización de la política en Argentina.