Productores rurales de las provincias de San Luis y Santa Fe han intensificado sus reclamos ante el aumento de delitos en el ámbito rural, que incluyen abigeato, faena clandestina y robos de maquinaria e insumos. Las entidades agropecuarias, como la Sociedad Rural de Rosario y la Sociedad Rural Río Quinto, han solicitado reuniones urgentes con los gobiernos provinciales para abordar la problemática, denunciando la falta de respuestas y la desarticulación de mecanismos de control.

En San Luis, los ganaderos reportan que en los últimos tres meses se ha registrado un incremento significativo de robos y faena clandestina, con más de 30 productores afectados y pérdidas millonarias. “No solamente se roba hacienda en pie, sino que se faena en el campo o se cortan partes y se llevan eso nada más”, relató Luis Emilio Orquín, delegado de la Sociedad Rural de la Quinta Región. Además, se ha detectado la venta ilegal de carne robada a través de redes sociales y delivery, sin controles sanitarios, lo que agrava el problema sanitario y de seguridad.

En Santa Fe, la Sociedad Rural de Rosario denunció la desarticulación de la central de monitoreo OJO, una herramienta clave para prevenir delitos rurales, y la falta de propuestas concretas por parte de los ministerios de Producción y Seguridad. “La falta de controles y la creciente vulnerabilidad de productores y trabajadores rurales es alarmante”, señalaron en un comunicado. El sector reclama justicia efectiva, investigaciones ágiles, mayor patrullaje y la reactivación de sistemas de monitoreo.

El gobierno de San Luis, por su parte, relativizó el aumento de denuncias y sostuvo que las estadísticas oficiales no muestran un crecimiento significativo de los hechos delictivos. Sin embargo, los productores insisten en que la situación es crítica y que la respuesta estatal ha sido insuficiente. “El campo se convirtió en una zona liberada”, afirman desde el Foro de Seguridad Rural.

Las entidades rurales proponen la creación de una fiscalía agropecuaria específica y la coordinación de una mesa de trabajo entre el Estado y el sector productivo para encontrar soluciones. Mientras tanto, la inseguridad rural sigue generando preocupación y desazón entre los productores, que ven amenazada su actividad y su modo de vida. El impacto económico y social de estos delitos se extiende más allá de las pérdidas materiales, afectando la confianza y la estabilidad en las zonas rurales argentinas.