Un escándalo de presunta corrupción sacude al Poder Judicial de Chubut tras la difusión de un video en el que se observa al abogado Martín Castro recibiendo $12 millones de la madre de un imputado, Pablo "El Chavo" Ferreyra. Según las conversaciones registradas, el dinero habría sido entregado para lograr una reducción en la condena de Ferreyra, quien enfrenta cargos por violencia de género y amenazas.

La fiscal Julieta Gamarra, titular de la unidad de delitos contra la administración pública y mencionada en la grabación, negó rotundamente haber solicitado o recibido dinero. "Tiene que aparecer y decir cuál es la realidad de que yo no recibí ningún dinero", declaró Gamarra, quien además se puso a disposición de la Justicia y solicitó su vindicación, una figura que obliga a los funcionarios sospechados a presentarse para ser investigados.

El fiscal de Estado de Chubut, Andrés Meiszner, dispuso la apertura de un sumario administrativo contra Castro y su suspensión preventiva sin goce de haberes por 30 días, mientras se sustancia el proceso disciplinario. El expediente apunta a determinar si Castro incurrió en un conflicto de intereses por desempeñarse simultáneamente como funcionario y defensor privado.

La madre de Ferreyra, por su parte, afirmó que pagó la suma para beneficiar a su hijo, aunque expresó dudas sobre el destino final del dinero. "Yo no sé si fue para él, para la fiscal o para otra persona. A mí me pidieron 12 millones para que mi hijo quedara con un año, y yo los pagué", sostuvo. Castro, en declaraciones públicas, negó haber cobrado una coima y aseguró que el pago correspondía a sus honorarios profesionales.

El caso ha generado un fuerte impacto en la opinión pública y en la imagen del sistema judicial provincial. El gobernador Nacho Torres y el procurador general Jorge Miquelarena respaldaron la investigación y destacaron la importancia de la transparencia institucional. La Justicia secuestró los celulares de los involucrados y avanza en la investigación para determinar si existió cohecho y si la fiscal Gamarra fue corrompida.

Este episodio se produce en un contexto de creciente desconfianza hacia la Justicia y cuestionamientos a la ética de los funcionarios públicos, reflejando una crisis de confianza que trasciende el ámbito provincial.