La expresidenta Cristina Kirchner ha presentado una medida cautelar en el fuero de la Seguridad Social para exigir la restitución de su jubilación de privilegio y la pensión vitalicia que percibía como viuda de Néstor Kirchner. La suspensión de estos beneficios fue ordenada por el gobierno de Javier Milei en diciembre de 2024, tras la confirmación de su condena en la causa Vialidad.

Según la defensa de la exmandataria, encabezada por el abogado Facundo Fernández Pastor, la decisión del Ejecutivo constituye una violación a derechos fundamentales como la seguridad social y la subsistencia. En el escrito presentado, se argumenta que Cristina Kirchner no cuenta con otros ingresos debido a la cesión de sus bienes a sus hijos en 2016 y a inhibiciones judiciales que paralizan cualquier ingreso a su patrimonio.

El gobierno, por su parte, justificó la suspensión de los beneficios alegando que se trata de asignaciones graciables, no contributivas, otorgadas en reconocimiento al mérito y honor de los expresidentes. Según cifras oficiales, Cristina Kirchner percibía $21.827.624 mensuales netos entre jubilación y pensión. Además, se cuestiona un plus de 6 millones de pesos por "zona austral" que la expresidenta cobraba mientras residía en Buenos Aires, beneficio que requiere residencia en Santa Cruz.

En paralelo, el fiscal Gerardo Pollicita avanza en una investigación sobre presuntas irregularidades en los beneficios percibidos por la exmandataria. Funcionarios de la ANSES han sido citados a declarar para esclarecer quién autorizó el cobro del plus cuestionado. La ANSES y el Ministerio de Capital Humano han denunciado a Cristina Kirchner por presunta estafa, administración fraudulenta y falsedad ideológica.

La defensa de la expresidenta ha calificado estas acciones como una persecución política, argumentando que buscan proscribirla e impedirle ejercer su derecho a representar al pueblo. En el escrito presentado, se comparó su situación con la de otros casos, como el de Zulema Yoma, quien continúa percibiendo beneficios similares.

El caso ha generado un intenso debate público, con opiniones divididas. Mientras algunos consideran la medida como un acto de justicia y ajuste fiscal, otros la ven como un ataque político. La resolución de esta controversia podría sentar un precedente en la regulación de beneficios para exfuncionarios y tiene implicaciones tanto legales como políticas que podrían extenderse en el tiempo.