El proceso de decomiso de bienes en la causa Vialidad avanza tras la confirmación de las condenas a Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez y otros implicados por administración fraudulenta. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 notificó a la Corte Suprema sobre la resolución que dispone la incautación de más de 100 propiedades, entre ellas el Hotel Los Sauces en El Calafate, el departamento de San José 1111 en Constitución y numerosos terrenos y viviendas en Santa Cruz y Buenos Aires.

La sentencia, que quedó firme en junio de 2025, fijó el decomiso en $684.990 millones, monto que los condenados no abonaron. Ante la falta de pago, la Justicia avanza con la ejecución patrimonial, que incluye bienes de Austral Construcciones, Kank y Costilla, Gotti Hnos., Loscalzo y Del Curto, así como propiedades cedidas a Máximo y Florencia Kirchner. El proceso es dinámico y podría ampliarse si los activos actuales no cubren la suma establecida.

La Corte Suprema deberá decidir si algunos de los bienes decomisados serán destinados al uso institucional del Poder Judicial o rematados. "El decomiso está firme. Lo único que hay que hacer es ejecutar", afirmó el fiscal Diego Luciani. Las defensas de los Kirchner y Báez han presentado objeciones, argumentando la falta de nexo causal entre ciertos bienes y los delitos investigados, y han solicitado la anulación de la ejecución.

El decomiso se enmarca en la estrategia de restituir al Estado los activos obtenidos ilícitamente y reparar el daño material y simbólico causado por la corrupción en la obra pública. El Ministerio Público Fiscal trabaja en la transparencia del proceso y en la posible asignación social de los bienes, especialmente en Santa Cruz, la provincia más afectada por la maniobra delictiva.

El caso Vialidad, que investiga la adjudicación irregular de 51 licitaciones viales a Báez entre 2004 y 2015, es uno de los expedientes de mayor impacto político y judicial en la Argentina reciente. El destino final de los bienes decomisados dependerá de la evaluación de la Corte Suprema y podría sentar precedentes para futuras causas de corrupción.