El gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, presentó en diciembre de 2025 el proyecto de Ley de Libertad Educativa, una reforma que busca transformar el sistema escolar argentino. La iniciativa propone derogar la Ley de Educación Nacional y avanzar hacia un modelo centrado en la autonomía institucional, la libertad pedagógica y un sistema de financiamiento que acompaña la elección de las familias.

El proyecto redefine el rol del Estado, que pasaría a ser un garante subsidiario del derecho a la educación, sin intervenir en la orientación pedagógica de las instituciones. Además, reconoce la educación en el hogar, declara a la escuela como un "servicio esencial" y establece un sistema de evaluación permanente, incluyendo un examen nacional obligatorio al finalizar el nivel secundario.

Las escuelas, tanto públicas como privadas, obtendrían mayor libertad para definir sus proyectos educativos, reglamentos internos y la selección de parte de su personal. Los padres tendrían el "derecho preferente" sobre la educación de sus hijos, mientras que el Estado se limitaría a garantizar el acceso.

Especialistas consultados por distintos medios advierten que la iniciativa implica un salto brusco hacia una autonomía institucional no construida, lo que podría generar segmentación y desigualdad. Irene Kit, presidenta de Educación para Todos, señaló: "La discusión debería ser por dónde empezar y cómo acompañar una transición que haga viable esa autonomía, no simplemente imponerla de forma abrupta". Flavio Buccino, docente y especialista en gestión educativa, sostuvo que el proyecto "profundiza varios de los problemas que ya existen" y que "las familias dejan de ser consideradas como tales y pasan a ocupar el rol de clientes".

En el plano económico, el proyecto incorpora mecanismos de financiamiento por demanda, como vouchers y aportes a escuelas privadas. Sin embargo, existen dudas sobre la sostenibilidad de estos sistemas, especialmente en un contexto de caída de la natalidad y crisis de matrícula. Buccino alertó: "No queda claro cómo se resolvería legalmente el origen de esos recursos ni cómo se garantizaría su sostenibilidad".

El debate sobre la Ley de Libertad Educativa se desarrolla en el Congreso y el Consejo Federal de Educación, donde provincias como Chubut han presentado observaciones y advierten incompatibilidades constitucionales. El ministro de Educación de Chubut, José Luis Punta, afirmó: "Hay cosas que para la provincia son directamente impracticables".

La reforma educativa propuesta por el gobierno nacional expone profundas diferencias sobre el rol del Estado, la igualdad de oportunidades y el futuro del sistema educativo argentino. El debate recién comienza, pero ya genera polémica y preocupación entre especialistas, funcionarios y la comunidad educativa.