José Rolendio Polo, de 58 años, fue condenado a 10 años de prisión por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de San Martín, acusado de trata de personas con fines de explotación sexual y abuso sexual reiterado contra una joven a la que forzó a una unión de hecho desde su adolescencia. La sentencia, que también incluye una indemnización de 38 millones de pesos para la víctima, responde a una década de sometimiento, violencia y explotación que comenzó cuando la joven era menor de edad.

La investigación se inició en junio de 2022, tras la denuncia de la víctima a la línea 145 del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata. Según el fallo, la joven, hoy de 29 años, fue obligada por su madre a prostituirse desde los 12 años y, a los 15, fue entregada a Polo a cambio de dinero y mercadería. Producto de esa relación forzada, la víctima tuvo dos hijos con el condenado.

El juez José Antonio Michilini consideró probado que Polo abusó de la situación de vulnerabilidad y minoría de edad de la víctima, forzándola a una unión de hecho que, lejos de constituir una relación afectiva libremente elegida, representó una modalidad contemporánea de servidumbre matrimonial o matrimonio forzado. El magistrado subrayó que la joven fue privada de la posibilidad real de autodeterminar su proyecto de vida, sometida a la voluntad del acusado mediante coacción, dependencia afectiva inducida y explotación sexual prolongada.

Durante casi una década, la víctima sufrió violencia física y psicológica, incluyendo amenazas de muerte e incluso el incendio de su vivienda con sus hijos en el interior. La madre, dos tíos y una hermana de la víctima continúan bajo investigación por la Justicia Federal de Mercedes.

El fiscal general Alberto Adrián María Gentili remarcó en su alegato la gravedad de la cosificación de la víctima y la intervención de su madre en la entrega material al victimario. La defensa de Polo negó los hechos y solicitó la absolución, pero el tribunal avaló la acusación del Ministerio Público Fiscal.

El caso expone la problemática de la trata y explotación sexual de menores en Argentina y sienta un precedente relevante en la protección de los derechos de las víctimas, en línea con los compromisos internacionales asumidos por el país.