La reforma laboral propuesta por el Gobierno argentino avanza hacia su etapa definitoria en la Cámara de Diputados, luego de obtener media sanción en el Senado y tras intensas negociaciones con mandatarios provinciales. El oficialismo busca aprobar la ley antes del cierre de las sesiones extraordinarias, en medio de un clima de tensión política y sindical.

El proyecto, que incluye medidas para reducir la informalidad laboral y la litigiosidad, ha generado un fuerte rechazo por parte de la Confederación General del Trabajo (CGT) y otros sindicatos, quienes confirmaron un paro general de 24 horas para el día en que se debata la iniciativa en Diputados. La Asociación Bancaria también se sumó a la huelga, lo que implica que las entidades financieras no abrirán sus puertas durante la jornada de protesta.

Uno de los puntos más controvertidos del proyecto fue el artículo 44, que disponía descuentos salariales ante faltas por lesiones o enfermedad del trabajador. Este artículo fue incluido a último momento en el debate legislativo, pero tras la polémica y la presión de aliados y la opinión pública, el Gobierno decidió retirarlo del texto que será tratado en Diputados. Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista del Senado, reconoció que se cometió un error en la redacción y se comprometió a realizar aclaraciones para evitar malos entendidos.

El Gobierno argumenta que la reforma es necesaria para modernizar el mercado laboral, reducir la informalidad que afecta al 43% de los trabajadores y limitar la judicialización que impacta especialmente a las PyMEs. Según datos de la UCEMA, las pequeñas y medianas empresas representan el 98% del total de empresas registradas en el país, pero enfrentan altos costos laborales y una litigiosidad 20 veces superior a la de países vecinos como Chile.

Por su parte, gobernadores de varias provincias, entre ellos Axel Kicillof, manifestaron su rechazo al proyecto, advirtiendo que podría afectar derechos adquiridos y precarizar el empleo. Economistas como Daniel Artana y Antonio Aracre señalaron que la reforma debe ir acompañada de crecimiento económico para lograr un impacto positivo en el empleo y la formalización.

El debate en Diputados se prevé intenso, con posturas encontradas entre oficialismo, oposición, sindicatos y sectores empresariales. El resultado definirá el rumbo de la legislación laboral en Argentina y sus consecuencias para el mercado de trabajo, la economía y la seguridad social.