La Justicia Federal de Córdoba imputó a Marcos Carasso, ex candidato a vicegobernador y dirigente radical, por presunta sobrefacturación de 1.400 millones de pesos en el PAMI. La investigación, encabezada por el juez federal Carlos Ochoa y el fiscal Rodolfo Cabanillas, se centra en una supuesta asociación ilícita y maniobras de defraudación al Estado a través de la facturación de prestaciones médicas que, según las denuncias, nunca se realizaron.

Los allanamientos se llevaron a cabo en la vivienda de Carasso en General Cabrera y en las oficinas del Tribunal de Cuentas de la provincia, donde el dirigente se desempeña actualmente. Además de Carasso, la causa involucra a otros exfuncionarios y a la empresa Ethical, señalada como el canal para las operaciones irregulares.

El caso tuvo su origen en denuncias anónimas que alertaron sobre irregularidades en la prestación de servicios de rehabilitación de alta complejidad para afiliados del PAMI. El perjuicio económico estimado para la obra social de los jubilados asciende a 1.400 millones de pesos, según fuentes judiciales.

La repercusión política no se hizo esperar. El bloque oficialista en la Legislatura provincial, encabezado por Facundo Torres, presentó un pedido de informes para esclarecer el rol de Carasso y de otros funcionarios en el Tribunal de Cuentas. Torres criticó el "silencio" de la oposición ante el escándalo, mientras que desde la UCR, Rodrigo de Loredo se distanció del imputado y sugirió que las explicaciones deben provenir de Luis Juez, ex compañero de fórmula de Carasso.

El caso se produce en un contexto de tensiones políticas en Córdoba, con reclamos por deudas del PAMI y cuestionamientos sobre la transparencia en el manejo de fondos públicos. La investigación continúa y se espera que en los próximos días surjan nuevas derivaciones que podrían afectar a otros actores políticos y administrativos de la provincia.