Gobernadores de todas las fuerzas políticas argentinas presentaron en el Senado dos proyectos de ley que buscan obligar al gobierno de Javier Milei a distribuir automáticamente los fondos nacionales y modificar el régimen de coparticipación de impuestos, especialmente los vinculados a los combustibles y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La iniciativa, que cuenta con el respaldo de todos los bloques del Senado excepto La Libertad Avanza, representa un desafío político significativo para la Casa Rosada.

La presentación de los proyectos se produjo tras el fracaso de las negociaciones entre los mandatarios provinciales y funcionarios nacionales, quienes no lograron acordar una nueva distribución de recursos. Los textos llevan las firmas de referentes del PJ, la UCR, el PRO y bloques provinciales, reflejando una inusual unidad política frente al Ejecutivo nacional. Entre los firmantes se encuentran José Mayans, Juliana Di Tullio, Fernando Salino, Eduardo Vischi, Alfredo De Angeli, Mónica Silva, Edith Terenzi y Carlos Espínola.

Uno de los proyectos propone que los ATN y lo recaudado por el impuesto a los combustibles se repartan de manera automática y diaria entre las provincias, argumentando que estos recursos tienen asignación específica y no son propiedad del Estado nacional. El nuevo esquema de distribución asignaría un 14,29% al Tesoro Nacional, un 57,02% a las provincias y un 28,69% al Sistema Único de Seguridad Social. Además, se plantea la eliminación de varios fondos fiduciarios, cuyos recursos serían redistribuidos entre las provincias.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, advirtió que el Gobierno no cederá en su objetivo de mantener el superávit fiscal y que cualquier ley que lo comprometa será vetada. Sin embargo, la amplitud del apoyo opositor podría dificultar la capacidad del Ejecutivo para sostener un eventual veto. La presión ahora recae sobre la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien deberá decidir si habilita el tratamiento de los proyectos en el Senado.

El reclamo de los gobernadores se enmarca en la crisis financiera que atraviesan las provincias y en la retención de fondos por parte del Ejecutivo, en un contexto de ajuste fiscal. El Congreso emerge así como un espacio de resistencia frente a la política de recortes de la Casa Rosada, en un escenario que podría tener impacto en la gobernabilidad y en la campaña electoral de octubre.