La reforma laboral que obtuvo media sanción en el Congreso argentino ha generado un profundo debate en distintos sectores de la sociedad. Mientras el Gobierno la presenta como una herramienta para modernizar el mercado laboral y combatir la informalidad, especialistas en derecho laboral y representantes sindicales advierten sobre posibles inconstitucionalidades y un impacto negativo en los derechos de los trabajadores.

Entre los principales cambios, la reforma permite a las empresas pagar indemnizaciones en cuotas, una medida que, según el abogado Eduardo Massot, "vulnera el derecho de propiedad del trabajador" y podría ser rechazada por la Corte Suprema, como ocurrió en antecedentes previos. Además, se establece que la indemnización por despido será la única reparación posible, impidiendo reclamos adicionales en casos de acoso o violencia laboral, lo que, según Massot, "va contra la Constitución y tratados internacionales".

El proyecto también modifica el régimen de licencias por enfermedad o accidente no laboral, reduciendo el pago al 50% o 75% del salario, dependiendo de la causa. Julián de Diego, asesor del Gobierno, reconoció que este cambio "quiebra 60 años de historia" en la protección de los trabajadores y busca combatir el ausentismo, aunque implica un sistema menos favorable para los empleados.

Otro punto controvertido es la creación de un Fondo de Asistencia Laboral, financiado con recursos previsionales, lo que podría afectar a futuro el sistema jubilatorio. El economista y analista de El País advierte que esta medida representa una transferencia de recursos desde el Estado y los trabajadores hacia las empresas, especialmente las grandes.

El Gobierno sostiene que la reforma incentivará la creación de empleo y la formalización, pero expertos como Mario Ackerman y Massot consideran que no existen incentivos reales para modificar la tendencia de alta informalidad y que la medida podría incrementar la litigiosidad laboral. Ackerman también cuestiona la ampliación de los servicios considerados esenciales, lo que restringe el derecho de huelga y podría ser objeto de impugnaciones sindicales.

En este contexto, la reforma laboral se enfrenta a un escenario de fuerte judicialización y debate sobre sus verdaderos efectos en el mercado de trabajo argentino. Mientras tanto, la sociedad y los actores involucrados esperan la sanción definitiva y la resolución de los planteos constitucionales que seguramente llegarán a la Justicia.