El brote de infecciones graves y muertes relacionadas con el uso de fentanilo contaminado ha encendido las alarmas en el sistema de salud argentino. Hasta el momento, se han confirmado nueve fallecimientos y 20 casos de infecciones graves, todos vinculados al uso de un lote específico de fentanilo producido por HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ha suspendido las actividades de ambos laboratorios y prohibido la distribución de todos sus productos. Según las investigaciones preliminares, el lote contaminado, identificado como el número 31202, contenía bacterias altamente resistentes a los antibióticos, como Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii. Estas bacterias provocaron neumonía severa y shock séptico en los pacientes afectados, la mayoría de los cuales estaban internados en el Hospital Italiano de La Plata.

El caso ha derivado en una denuncia penal presentada por la ANMAT ante el Juzgado Federal N.º 1 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak. Las inspecciones realizadas en las plantas de producción revelaron graves irregularidades, incluyendo fallas en el control de calidad, trazabilidad y documentación. Estas deficiencias ya habían sido señaladas en inspecciones previas, lo que llevó a la suspensión de otros productos de HLB Pharma, como dopamina y propofol.

El impacto del caso trasciende lo sanitario. HLB Pharma, que en el pasado estuvo involucrado en negociaciones para producir la vacuna Sputnik V, enfrenta ahora un escrutinio público y judicial. Sus dueños, Ariel García Furfaro y Jorge Salinas, tienen antecedentes de vínculos políticos y controversias legales, incluyendo su relación con la "Mafia de los Medicamentos".

El Ministerio de Salud y la ANMAT han reforzado los controles en la industria farmacéutica para evitar nuevos incidentes. Mientras tanto, familiares de las víctimas exigen justicia y expertos en salud pública advierten sobre la necesidad de mejorar la supervisión de medicamentos críticos. La investigación judicial sigue en curso y podría revelar más irregularidades en los próximos meses.