La jueza Julieta Makintach, suspendida e imputada por presuntas irregularidades en el juicio por la muerte de Diego Maradona, enfrenta una situación judicial cada vez más compleja tras la revelación de mensajes enviados a una testigo clave. El caso, que se desarrolla en La Plata, involucra acusaciones de hostigamiento, manipulación de pruebas y participación indebida en el documental "Justicia Divina".

Según fuentes judiciales, Makintach fue imputada por cohecho, violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y otros delitos, luego de que se conociera su intervención en el documental sobre el juicio Maradona. La magistrada habría autorizado el ingreso de un equipo de filmación al recinto judicial sin el conocimiento de las partes, lo que derivó en la nulidad del proceso y su suspensión.

En las últimas semanas, la situación de Makintach se agravó tras la declaración de una testigo, su esteticista, quien relató ante los fiscales haber recibido mensajes insistentes de la jueza tras prestar testimonio en la causa. "Nunca imaginé que vos podías hacer algo semejante", fue uno de los mensajes que la profesional presentó como prueba, junto con capturas de chats y detalles sobre el impacto emocional sufrido: "Me da taquicardia, me da ansiedad".

El abogado Fernando Burlando, representante de Dalma y Gianinna Maradona, anunció que solicitará la detención de Makintach por considerar que existe un claro hostigamiento a los testigos. Por su parte, la defensa de la jueza sostiene que la causa fue "armada" y denuncia manipulación de pruebas por parte del Ministerio Público.

El jury de enjuiciamiento contra Makintach continúa en el Anexo del Senado bonaerense, con audiencias en las que se debaten la admisibilidad de testigos y la presentación de pruebas. Entre los testigos figuran familiares de Maradona, abogados defensores y colaboradores del documental. La magistrada enfrenta no solo cargos penales, sino también la posibilidad de un juicio político que podría derivar en su destitución, a pesar de la renuncia solicitada meses atrás.

El caso ha generado fuerte tensión en el ámbito judicial y político, con repercusiones sobre la seguridad institucional y la protección de testigos. Mientras se define el futuro de Makintach, el proceso sigue bajo la mirada pública y de los actores involucrados, quienes exigen transparencia y sanciones ejemplares.