La Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso la reapertura de la investigación por la muerte de Héctor Valentín Estilo Izaguirre, un niño que falleció en agosto de 2002 tras sufrir graves quemaduras y ser internado en la clínica 15 de Diciembre, en la Ciudad de Buenos Aires. El máximo tribunal revocó la absolución que había beneficiado a los médicos Karina Claudia Melillo y Oscar Enrique D’Onofrio, quienes estaban acusados de abandono de persona seguido de muerte.

El caso se remonta a un incidente doméstico en el que el menor sufrió quemaduras en aproximadamente el 11% de su superficie corporal debido a la caída de una pava con agua hirviendo. Fue internado entre el 15 y el 18 de agosto de 2002, período durante el cual, según la acusación, no habría recibido la atención médica adecuada. La autopsia determinó que la causa de muerte fue un cuadro de congestión y edema agudo de pulmón, posiblemente agravado por una infección intrahospitalaria.

Durante el juicio oral realizado en 2015, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 16 absolvió a los profesionales, pero la fiscalía apeló la decisión, argumentando que la sentencia se basó en una evaluación parcial de las pruebas y que no se respetó el interés superior del niño. La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional declaró inadmisible el recurso, lo que llevó al Ministerio Público a presentar el caso ante la Corte Suprema.

En su fallo, los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y los conjueces Rocío Alcalá y Pablo Candisano Mera hicieron lugar al recurso de queja, declarando procedente el recurso extraordinario y dejando sin efecto el fallo apelado. El juez Carlos Rosenkrantz votó en disidencia, considerando inadmisible la presentación.

La Corte Suprema ordenó que el expediente vuelva al tribunal de origen para que se dicte un nuevo pronunciamiento, en línea con los cuestionamientos planteados por la fiscalía sobre la valoración de los informes médicos y testimonios que señalaban deficiencias en la atención. El caso, que permaneció cerrado durante casi una década, vuelve así a la agenda judicial, reavivando el debate sobre la responsabilidad médica y la protección de los derechos de los pacientes pediátricos en el sistema de salud argentino.