La Argentina enfrenta una instancia decisiva en el juicio internacional por la expropiación de YPF, que se tramita en la Corte de Apelaciones de Nueva York. El próximo martes, el tribunal definirá si el Estado debe entregar el 51% de las acciones de la petrolera, en cumplimiento de un fallo que condena al país a pagar más de USD 16.000 millones, cifra que ya supera los USD 18.000 millones por intereses acumulados desde 2012. El caso, iniciado tras la reestatización de YPF durante el gobierno de Cristina Kirchner, involucra a los fondos Burford Capital y Eton Park, quienes adquirieron los derechos de litigio tras la quiebra del Grupo Petersen. La jueza Loretta Preska ha ordenado la entrega de las acciones, pero Argentina apeló y busca suspender la ejecución mientras se resuelve la apelación. Los demandantes presionan para que se cumpla el fallo, y la jueza ha mostrado impaciencia ante las estrategias dilatorias del Estado argentino. Si la Corte de Apelaciones rechaza la suspensión, Argentina podría ser declarada en desacato, lo que implicaría embargos, restricciones financieras y un impacto negativo en la imagen internacional del país. El Gobierno argentino, encabezado por Javier Milei, mantiene hermetismo sobre la estrategia y ha solicitado reconsiderar la entrega de comunicaciones de funcionarios exigida por la jueza. La sociedad argentina está dividida sobre cómo proceder, con una mayoría que apoya la negociación de un acuerdo y una reducción del pago. El desenlace del caso tendrá implicaciones profundas para la economía y la política argentina, así como para la relación con los mercados internacionales.