El exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, fue condenado este martes a tres años de prisión condicional por el Tribunal Oral Federal N°2, tras ser hallado culpable de negociaciones incompatibles con la función pública en la adjudicación de obras de ampliación de los gasoductos Transportadora Gas del Norte (TGN) y Transportadora Gas del Sur (TGS) a la constructora brasileña Odebrecht. La sentencia, que también recayó sobre el exsecretario de Energía Daniel Cameron y el exsubsecretario de Combustibles Cristian Folgar, incluye la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

El tribunal, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Néstor Costabel, consideró probado que los funcionarios favorecieron a Odebrecht en la licitación de las obras entre 2006 y 2008, mediante una compleja estructura administrativa que permitió el direccionamiento de los contratos. Los exdirectivos de CAMMESA, Luis Beuret y Julio Bragulat, fueron absueltos.

Durante el juicio, la fiscalía, encabezada por Diego Luciani, argumentó que los acusados diseñaron una "ingeniería burocrática" para eludir la ley de obras públicas y beneficiar a la empresa brasileña, en un contexto de inversión estatal que superó los 2.300 millones de dólares. Las defensas, por su parte, justificaron las decisiones en la emergencia energética que atravesaba el país en ese momento.

De Vido, quien siguió el veredicto por videoconferencia desde su domicilio en Zárate, cumple prisión domiciliaria por la condena firme en la causa de la tragedia de Once. Esta nueva sentencia se suma a otras dos condenas previas por corrupción, aunque solo la de Once está firme. Los fundamentos del fallo se darán a conocer el 4 de septiembre, y tanto la fiscalía como la querella podrán apelar la decisión.

El caso se originó como un desprendimiento de la investigación por sobornos y sobreprecios en la empresa sueca Skanska, y se enmarca en el escándalo regional de corrupción de Odebrecht. El fiscal Luciani calificó el episodio como un caso de "gran corrupción", mientras que los acusados defendieron la legalidad de sus actos y cuestionaron la demora en la resolución judicial. El fallo reaviva el debate sobre la transparencia en la obra pública y la responsabilidad de los funcionarios en la gestión de recursos estatales.