El gobierno de Javier Milei acelera su agenda de reformas en Argentina, con el objetivo de consolidar su modelo y avanzar con proyectos clave antes de que el calendario electoral reduzca los márgenes de acción. Según fuentes oficiales, cada ministerio tiene en carpeta más de diez iniciativas, entre las que destacan la reforma laboral, fiscal y educativa.

La Casa Rosada considera que el tiempo para impulsar reformas de alto calibre es limitado, por lo que busca aprobar la reforma laboral antes del 1 de marzo. El proyecto enfrenta ajustes, especialmente en el capítulo de licencias médicas, tras errores reconocidos por la jefa de bloque Patricia Bullrich. Si se introducen cambios, el texto podría volver al Senado, lo que genera incertidumbre sobre los plazos de sanción definitiva.

El Ejecutivo recalibra su estrategia política, priorizando consensos y cediendo en negociaciones para sumar votos. Figuras como Bullrich, Santilli y Menem ganan protagonismo en la mesa de negociaciones, mientras el ala más dura del gobierno pierde espacio. "Tenemos que demostrar que el Congreso nos responde", afirman fuentes oficiales, subrayando la importancia de la gobernabilidad para mantener la confianza de los mercados.

La reforma educativa apunta a una mayor libertad de elección y provincialización del sistema, aunque el gobierno mantiene el control sobre estándares y mecanismos de evaluación. El secretario de Educación, Carlos Torrendell, trabaja en un borrador que podría ser anunciado en el discurso de apertura de sesiones ordinarias.

En materia fiscal, el gobierno busca reducir impuestos distorsivos y simplificar el régimen tributario, enfrentando resistencia de las provincias por la baja de Ingresos Brutos. El fracaso del capítulo XI del Presupuesto 2026 motiva la reactivación de proyectos impositivos y energéticos, como la promoción de energías renovables.

El vínculo con las provincias se fortalece, priorizando la estabilidad política sobre la confrontación. Sectores dialoguistas celebran la nueva etapa de negociación, mientras el ala más reticente advierte sobre los riesgos de ceder demasiado. El gobierno considera que incluso una derrota legislativa puede ser útil para instalar el debate público y mantener la iniciativa política.

Con una oposición atomizada y sin liderazgo unificado, el Ejecutivo apuesta a sostener la agenda de reformas y llegar a 2027 con un relato de modernización en marcha, aun cuando los resultados en el Congreso sean parciales.