El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, anunció que la provincia asumirá la finalización de la Autopista de la Ruta Nacional 19, en respuesta a la falta de avances por parte del Gobierno nacional. El anuncio se realizó durante un acto en la capital provincial, donde Llaryora estuvo acompañado por intendentes, funcionarios y representantes sindicales.

La obra, que abarca 62,9 kilómetros entre San Francisco y Córdoba, es considerada estratégica para la región centro del país. “Córdoba vuelve a dar un paso adelante cuando la Nación se detiene”, afirmó Llaryora, quien reclamó la cesión administrativa de la ruta para poder iniciar los trabajos. “Si el Gobierno nacional no quiere hacer la obra, la haremos nosotros”, agregó el mandatario, subrayando que la decisión responde a una necesidad humana y productiva más que a una disputa política.

El proyecto contempla una inversión provincial de $196.300 millones y prevé la construcción de distribuidores de tránsito, puentes, colectoras y mejoras en la seguridad vial. El proceso licitatorio ya está en marcha, con la participación de múltiples empresas, y se estima un plazo de ejecución de 18 meses. La obra, originalmente financiada con créditos internacionales, corre el riesgo de perder ese financiamiento si no se concreta la cesión formal por parte de la Nación.

Intendentes de distintas localidades, como Daniel Passerini (Córdoba capital) y Gustavo Benedetti (Arroyito), respaldaron la medida y destacaron el impacto positivo en la seguridad y el empleo. “Esta autopista nos conecta con Santa Fe y es estratégica para toda la región”, señaló Passerini. Por su parte, el secretario general de la UOCRA, Néstor Chavarría, valoró la generación de empleo que implicará la obra, en un contexto de fuerte caída del sector a nivel nacional.

El conflicto por la Ruta 19 se inscribe en una larga historia de reclamos y promesas incumplidas. Córdoba, una de las provincias que más aporta en recaudación nacional, denuncia ser “olvidada” en la distribución de fondos para infraestructura. La decisión de Llaryora de avanzar con fondos propios marca un nuevo capítulo en la tensión entre la provincia y la administración de Javier Milei respecto a la obra pública.

Mientras tanto, la sociedad civil y los sectores productivos presionan para que la obra avance sin más demoras, ante la urgencia de transformar la llamada “ruta de la muerte” en una vía segura y eficiente para miles de automovilistas y la producción regional.