El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley destinado a incentivar la regularización y el uso de dólares no declarados, conocidos popularmente como "dólares del colchón". La iniciativa, firmada por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Guillermo Francos, busca modificar el régimen penal económico y reducir los controles fiscales sobre ciertos contribuyentes, en un intento por incorporar ahorros informales al circuito económico formal.

Según explicó Francos, el proyecto incluye cambios en la Ley Penal Económica, elevando los montos mínimos para que una conducta sea considerada evasión simple o agravada, y reduciendo los plazos de prescripción de delitos tributarios. "El objetivo es que quienes tengan ahorros fuera del sistema puedan utilizarlos sin temor a sanciones retroactivas", señaló el funcionario en declaraciones radiales. Además, se implementará un régimen simplificado de Ganancias que elimina la obligación de informar consumos y variaciones patrimoniales para quienes cumplan ciertos requisitos.

La Unidad de Información Financiera (UIF) también elevó los umbrales para informar operaciones: solo se reportarán compraventas de inmuebles superiores a $235 millones y de autos por encima de $115 millones anuales. El Gobierno sostiene que estas medidas no implican nueva emisión monetaria ni aumentos de impuestos, sino que buscan aprovechar recursos ya existentes en el país para estimular la inversión y el consumo.

Sin embargo, la iniciativa generó un fuerte debate político. La oposición advierte sobre el posible impacto fiscal y exige que se especifiquen fuentes de financiamiento para eventuales gastos derivados de la regularización. En paralelo, el Congreso debate un aumento de emergencia para jubilados, que el oficialismo amenaza con vetar si no se garantiza el equilibrio fiscal. "El equilibrio fiscal no es negociable", reiteró Milei en redes sociales.

Especialistas consultados por distintos medios señalan que la actualización de los montos para considerar evasión es necesaria, pero advierten sobre el riesgo de relajar controles en un contexto de alta informalidad. El Gobierno, por su parte, insiste en que la medida es parte de una estrategia más amplia para formalizar la economía y mantener la disciplina fiscal. El debate parlamentario definirá el alcance y la viabilidad de la propuesta en las próximas semanas.