El Gobierno Nacional decidió postergar la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una medida que había generado expectativas en el ámbito judicial. La decisión fue oficializada por el Ministerio de Justicia, encabezado por Mariano Cúneo Libarona, a través del decreto 530/2025 publicado en el Boletín Oficial. Según el texto, la entrada en vigencia del nuevo sistema se aplaza hasta el 10 de noviembre, con carácter excepcional y sin posibilidad de prórroga.

El Ministerio de Justicia argumentó que, desde la perspectiva del Gobierno, las condiciones para la implementación inmediata del Código están satisfechas. Sin embargo, la Procuración General de la Nación, bajo la conducción interina de Eduardo Casal, informó que no se reúnen los requisitos técnicos, operativos y de infraestructura indispensables para garantizar el inicio efectivo del sistema acusatorio en la justicia federal de la Ciudad de Buenos Aires. "Con el fin de evitar una situación de conflicto institucional que comprometa el servicio de Justicia, se decide diferir, por única vez y con carácter excepcional e improrrogable, la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal", señala el decreto.

La medida busca asegurar un plazo complementario considerado razonable para intensificar las actividades preparatorias y concluir gestiones extraordinarias asumidas por el Ministerio de Justicia, en colaboración con los demás actores del sistema judicial federal. El Ministerio ratificó su voluntad de coordinar todos los esfuerzos técnicos, administrativos y logísticos necesarios para finalizar la implementación integral de la reforma procesal penal federal en todo el país.

El nuevo sistema procesal penal, presentado por Cúneo Libarona en marzo del año pasado, propone que todas las causas sean recibidas por el Ministerio Público Fiscal, que decidirá cómo proceder bajo el principio de oportunidad. El ministro explicó que el sistema acusatorio implica la presencia de un fiscal que investiga, una defensa y un juez imparcial, lo que, según sus palabras, "evita un tremendo daño para las víctimas, para el imputado y para la sociedad, que es la prolongación indebida de los procesos".

La postergación de la reforma se da en un contexto de debate sobre la eficiencia y rapidez de la justicia federal, y el Gobierno insiste en que el cumplimiento efectivo de este compromiso estratégico requiere una organización eficiente de los recursos y una gestión ágil de los procedimientos administrativos. El plazo adicional otorgado se considera suficiente para resolver los desafíos técnicos y operativos señalados por la Procuración General, y se espera que la reforma pueda implementarse definitivamente en la fecha prevista, sin nuevas demoras.