El Gobierno nacional ejecutó el 45% del presupuesto vigente durante el primer semestre de 2025, el nivel más alto registrado en los últimos diez años para este período, según datos de la Asociación Argentina de Presupuesto Público (ASAP). Este ritmo de gasto, que supera en cinco puntos el promedio histórico del 40%, plantea desafíos para la sostenibilidad del superávit fiscal en la segunda mitad del año.

La administración nacional mantuvo hasta junio un superávit primario y financiero, aunque parte de estos resultados se explica por ingresos excepcionales provenientes del Banco Central. Excluyendo estas utilidades, el superávit primario fue de $6,73 billones y el financiero de $1,64 billones. El presupuesto vigente es una prórroga del de 2023/24, ajustado mediante decretos y decisiones administrativas, entre ellas el DNU 186/25, la Decisión Administrativa 10/25 y el DNU 425/25.

El gasto primario mostró un crecimiento interanual del 2,9%, impulsado principalmente por la nueva fórmula de actualización de jubilaciones, que indexa los haberes al índice de precios al consumidor. Las transferencias a provincias aumentaron 95,7% interanual, en parte por el cumplimiento de un fallo a favor de la Ciudad de Buenos Aires. En contraste, se registró una caída real en los salarios públicos y en la inversión en obra pública, con una reducción del 31,5% interanual en el gasto de capital.

El Senado aprobó recientemente leyes que incrementan el gasto fiscal, como subas de pensiones y mayores fondos para las provincias, lo que podría complicar el equilibrio presupuestario. Desde ASAP advierten que, de mantenerse la tendencia de ejecución, el Gobierno deberá recortar partidas o ampliar los créditos presupuestarios para cumplir con la meta de superávit primario del 1,6% del PBI, superior a la pactada con el FMI.

Consultoras privadas y analistas destacan el compromiso del Gobierno con el orden fiscal, aunque señalan la ausencia de reformas estructurales que otorguen mayor solidez a las cuentas públicas. El mercado sigue de cerca la evolución del gasto y la capacidad del Ejecutivo para sostener el equilibrio fiscal en el segundo semestre, tradicionalmente el período de mayor erogación.