El Gobierno nacional estableció el 15 de junio de 2026 como la fecha de entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal (CPPF) en la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, según la Resolución 1/2026 publicada en el Boletín Oficial. Al mismo tiempo, la implementación del sistema acusatorio fue postergada para las jurisdicciones de Posadas y La Plata, que ahora tendrán como fechas de inicio el 24 de agosto y el 30 de noviembre de 2026, respectivamente.

La decisión, firmada por el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, responde a la necesidad de "ordenar y racionalizar el calendario" de transición hacia el nuevo modelo procesal, que otorga a los fiscales la dirección exclusiva de la investigación penal y limita el rol de los jueces a garantes del proceso. El Ministerio de Justicia argumentó que las prórrogas permitirán fortalecer la infraestructura, la capacitación y la coordinación entre los actores judiciales, asegurando una implementación "eficaz y sostenible".

El sistema acusatorio ya funciona en más del 65% del territorio nacional, incluyendo jurisdicciones como Rosario, Mendoza, General Roca, Comodoro Rivadavia, Salta y Jujuy. Entre las inversiones destacadas para la adaptación al nuevo modelo se encuentran la asignación de edificios estratégicos, la modernización de salas de audiencias y la adquisición de tecnología forense avanzada, como los sistemas UFED para el análisis de evidencia digital.

La reforma procesal, iniciada en 2014, ha atravesado múltiples postergaciones y cambios de cronograma. En 2024, el presidente Javier Milei transfirió la competencia de implementación del Congreso al Ministerio de Justicia mediante el DNU 188/24, lo que permitió acelerar el proceso en distintas regiones del país.

El nuevo CPPF reemplaza el sistema inquisitivo, promoviendo la oralidad, la transparencia y la celeridad en los procesos judiciales. Según fuentes oficiales, el modelo ya ha mostrado resultados positivos en la reducción de tiempos y una mayor eficacia en la persecución penal en las jurisdicciones donde se encuentra vigente.

Operadores judiciales y funcionarios destacan la importancia de la previsibilidad y la capacitación para el éxito de la reforma, aunque advierten sobre los desafíos logísticos y la necesidad de continuar invirtiendo en infraestructura y tecnología. Se espera que la implementación del sistema acusatorio continúe expandiéndose a otras jurisdicciones en los próximos años, consolidando una política pública sostenida en materia de justicia penal federal.