Facundo Ángel Plos, un joven de 26 años condenado por abuso sexual y homicidio culposo, se fugó durante una audiencia judicial virtual en Villa Regina, Río Negro, generando alarma y un intenso operativo policial. El episodio ocurrió cuando el juez Oscar Gatti, tras el pedido de la fiscal Vanesa Cascallares, ordenó la detención inmediata de Plos, quien participaba de la audiencia desde su domicilio bajo arresto domiciliario y monitoreo electrónico. Antes de que la policía pudiera actuar, Plos se desconectó de la videollamada, cortó la tobillera electrónica y escapó de la chacra familiar.

La fuga fue detectada minutos después, cuando la Unidad de Arresto Domiciliario por Monitoreo Electrónico notificó la desconexión del dispositivo. De inmediato, el Ministerio Público Fiscal libró un oficio de rebeldía y captura, y la policía desplegó un amplio operativo de búsqueda en Villa Regina y localidades cercanas, con participación de la Comisaría Quinta, la Brigada de Investigaciones, la Brigada Motorizada de Apoyo y la división canes.

Plos había sido condenado en febrero de este año a seis años de prisión por abuso sexual con acceso carnal, en un hecho ocurrido en enero de 2023. La sentencia, que agotó las instancias recursivas provinciales, está pendiente de revisión por la Corte Suprema. Además, el joven posee una condena previa a tres años de prisión por homicidio culposo, tras un accidente vial en 2022 en el que falleció Félix Retamal y otras tres personas resultaron heridas. En ese caso, Plos conducía alcoholizado y se negó reiteradamente a realizar el test de alcoholemia.

Durante la audiencia, la fiscalía argumentó el peligro de fuga por los antecedentes de Plos, su juventud, la ausencia de cargas familiares y los recursos económicos que le permitirían desplazarse. "La tobillera no asegura el control que se requiere para esta instancia del proceso", advirtió la fiscal Cascallares. El abogado defensor, Damián Torres, se opuso al pedido de prisión preventiva y propuso mantener medidas alternativas con mayores controles, pero el juez resolvió a favor de la fiscalía.

El caso generó preocupación social y reavivó el debate sobre la efectividad de las medidas de control en audiencias virtuales y el uso de tobilleras electrónicas en casos de alto riesgo. Las autoridades continúan con el operativo de búsqueda, mientras la comunidad exige respuestas sobre la seguridad en el sistema judicial.