La Sala III de la Cámara de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal condenó a Juan Ángel Tolaba a 25 años de prisión, tras revocar una absolución previa dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 8. Tolaba fue hallado culpable de abuso sexual con acceso carnal, promoción de la corrupción de menores, coacción y privación ilegal de la libertad, delitos cometidos entre 2014 y 2020 en la Ciudad de Buenos Aires contra su ex pareja, una hijastra y cuatro nietos.

El caso salió a la luz a partir de denuncias interconectadas, muchas de ellas impulsadas por las propias víctimas y respaldadas por informes médicos y escolares. La primera denuncia fue realizada en octubre de 2019 por la entonces pareja de Tolaba, instada por la escuela de su hija y el Hospital Fernández, tras la revelación de la niña de 12 años sobre los abusos sufridos. Posteriormente, otras denuncias de familiares ampliaron el alcance de la investigación.

En primera instancia, el tribunal había absuelto a Tolaba, argumentando que los testimonios presentaban inconsistencias y que existía una posible confabulación entre las denunciantes. Sin embargo, la Cámara de Casación consideró que la valoración de las pruebas fue fragmentaria y basada en estereotipos discriminatorios, y que se desestimó el contexto de violencia de género y la persistencia de las denuncias.

El fallo de la Cámara subraya la importancia de la declaración de las víctimas en delitos sexuales, especialmente cuando los hechos ocurren en ámbitos privados y sin testigos. Los jueces destacaron que la multiplicidad de denuncias, provenientes de mujeres con distintos vínculos y sin lazos estrechos entre sí, refuerza la veracidad de los relatos y descarta la hipótesis de confabulación.

La sentencia también critica el uso de prejuicios sobre el rol materno y el estrato social de las víctimas, y resalta la necesidad de juzgar estos casos con perspectiva de género y derechos humanos, en línea con convenciones internacionales y leyes nacionales.

Como agravantes, se consideró la multiplicidad de hechos y víctimas, la gravedad de los abusos y el uso de violencia e intimidación. Como atenuantes, la ausencia de antecedentes penales y el bajo nivel sociocultural del condenado. Además, se ordenó la extracción del perfil genético de Tolaba para el Banco de Datos Genéticos.

El fallo es considerado un avance en la protección de los derechos de niños y mujeres víctimas de violencia sexual, y marca un precedente en la valoración de pruebas y testimonios en este tipo de delitos.