En un hecho que ha generado controversia en el ámbito político argentino, un video falso creado mediante inteligencia artificial (IA) fue difundido en redes sociales durante la veda electoral en Buenos Aires. El video, que simulaba al expresidente Mauricio Macri anunciando el retiro de su candidatura y apoyando a un rival político, desató una ola de reacciones y denuncias.

Mauricio Macri calificó el video como una "maniobra vil y perversa" y aseguró que se trató de un intento de desinformar al electorado. "Lo que vivimos ayer es una locura que rompe todas las reglas de juego", expresó el exmandatario durante un desayuno con miembros del PRO. Por su parte, Silvia Lospennato, también afectada por el contenido del video, afirmó que "se cometieron delitos graves que atentan contra la democracia".

El video fue ampliamente compartido por cuentas asociadas al ecosistema digital libertario, lo que llevó a que el Tribunal Electoral de Buenos Aires interviniera de manera inmediata. En una resolución emitida en la madrugada del domingo, el tribunal ordenó a la red social X eliminar las publicaciones relacionadas y remitió el caso al Ministerio Público Fiscal para su investigación. Además, se solicitó la preservación de datos digitales para posibles acciones legales futuras.

Desde La Libertad Avanza, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, minimizó el impacto del video, calificándolo como "cómico" y señalando que "nadie va a cambiar su voto por lo que pasó en las redes". Javier Milei, líder del espacio, también restó importancia al incidente, acusando al PRO de victimizarse.

El uso de deepfakes en contextos electorales plantea serios desafíos éticos y legales. Expertos en comunicación y derecho electoral han señalado la necesidad de actualizar la legislación para abordar estos nuevos riesgos. "La tecnología avanza más rápido que las leyes, y esto deja un vacío que puede ser explotado con fines desinformativos", comentó un especialista en derecho electoral.

El incidente ha reavivado el debate sobre la influencia de las redes sociales y las tecnologías emergentes en la política, subrayando la importancia de proteger la integridad de los procesos democráticos. Mientras tanto, el caso sigue bajo investigación judicial, y se espera que las autoridades tomen medidas para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.