El Gobierno nacional oficializó la Marca País Argentina como Emblema de Estado, reforzando su protección legal y simbólica tanto a nivel nacional como internacional. La decisión, plasmada en el Decreto 899/2025 y publicada el 19 de diciembre de 2025 en el Boletín Oficial, implica la sustitución del anexo del Decreto 460/2021 y la consolidación del isologotipo como uno de los principales símbolos oficiales del país.

La medida busca fortalecer la protección jurídica de la Marca País, equiparándola a otros emblemas nacionales como la bandera y el escudo, bajo los alcances del artículo 6 ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. De este modo, se refuerzan las barreras frente a usos indebidos o imitaciones del signo en el exterior, consolidando su estatus legal y su rol estratégico en la proyección internacional de la Argentina.

El decreto, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Manuel Adorni, establece que la gestión técnica, administrativa y operativa de la Marca País continuará bajo la órbita de la Secretaría General de la Presidencia. Además, se aprueba un nuevo manual de uso que define los colores institucionales, tipografías y aplicaciones oficiales del isologotipo, asegurando una imagen coherente y reconocible globalmente.

La Marca País Argentina fue concebida como una política de Estado interdisciplinaria y multisectorial, orientada a la promoción de exportaciones, turismo, talento nacional, inversiones y cultura. Su inscripción en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) en distintas clases registrales desde 2023 fue un paso previo clave para este reconocimiento, que ahora eleva su protección al nivel de emblema oficial del Estado.

Desde el Ejecutivo se subraya la importancia de consolidar una imagen nacional sólida y coherente, entendiendo a la Marca País como un instrumento estratégico para el posicionamiento competitivo de la Argentina en los mercados extranjeros. Se espera que la medida tenga un impacto positivo en sectores vinculados al comercio exterior, la industria cultural, el turismo y la atracción de inversiones, al dotar a la Marca País de un estatus institucional más robusto y reconocible.

El decreto entrará en vigencia el 20 de diciembre de 2025, marcando un nuevo capítulo en la política de identidad institucional del país y en su estrategia de inserción internacional.