El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca condenó a dos hermanos y a un abogado a penas de entre cuatro y ocho años de prisión por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, en perjuicio de tres mujeres —dos de ellas transgénero y una menor de edad—. Los hechos ocurrieron entre 2022 y 2023 en Bahía Blanca y Monte Hermoso, y las víctimas atravesaban situaciones de extrema vulnerabilidad social y económica.

La principal condenada, Karina Carrasco, recibió ocho años de prisión efectiva como autora de trata de personas en las modalidades de captación, acogimiento y traslado. Su hermano, Santiago Carrasco, fue sentenciado a cinco años de prisión como partícipe secundario, mientras que el abogado José Andreatta recibió cuatro años por su rol de asesor legal y por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegítima de DNI ajeno. Marta Sanso, propietaria de uno de los inmuebles utilizados, fue condenada a dos años de prisión condicional.

Según la investigación, la red captaba a mujeres en situación de calle, sin estudios ni vínculos familiares, y bajo necesidades económicas apremiantes. Les prometían alojamiento, pero luego las obligaban a prostituirse, reteniéndoles la mayor parte de sus ingresos y cobrándoles por insumos básicos, incluso por preservativos gratuitos. Las víctimas eran forzadas a consumir drogas y a mantener relaciones sexuales con múltiples hombres por día, bajo amenazas y control estricto.

El caso se inició tras una denuncia realizada en mayo de 2023 por una empleada hospitalaria, luego de que una joven de 19 años ingresara al hospital con signos de abuso físico y bajo efectos de sustancias. La investigación, a cargo de la fiscalía federal y fuerzas de seguridad, permitió identificar y detener a los responsables. Los testimonios de las víctimas fueron clave para la condena.

El tribunal dispuso el decomiso de dos inmuebles utilizados para la explotación y ordenó una reparación económica de 20 millones de pesos para dos víctimas y 13 millones para la tercera. La sentencia fue considerada un avance en la lucha contra la trata de personas y la protección de los sectores más vulnerables, marcando un precedente en la región.