El Gobierno argentino ha iniciado una investigación sobre una presunta red de influencia rusa que operaría en el país, articulando campañas mediáticas y de desinformación a través de ciudadanos rusos y argentinos. Según fuentes oficiales, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) comenzó a indagar en febrero de 2024 tras recibir la alerta de un consultor local sobre actividades sospechosas de Lev Konstantinovich Andriashvili y su esposa, Irina Iakovenko. Ambos habrían gestionado acuerdos publicitarios y presencia en medios digitales, radios y redes sociales en varias provincias, con el objetivo de influir en la opinión pública sobre la guerra en Ucrania y la política argentina.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, comunicó que la investigación detectó una coordinación discursiva en los medios involucrados y posibles vínculos con el denominado "Proyecto Lakhta", una operación global de desinformación atribuida al Kremlin y liderada por el fallecido Yevgeniy Prigozhin. "La Argentina no será sometida a la influencia de ninguna otra nación. La seguridad de los argentinos no es un tema secundario", afirmó Adorni en conferencia de prensa.

A pesar de la gravedad de las sospechas, el Gobierno reconoció que no existen pruebas de delitos cometidos ni planes inmediatos de deportación o denuncia penal contra los implicados. La estrategia oficial apunta a la disuasión y a enviar un mensaje claro sobre la vigilancia de actividades extranjeras en el país. "Lo que hicimos fue dar un mensaje. Los estamos mirando", señalaron fuentes del Ejecutivo.

La embajada rusa en Buenos Aires respondió rápidamente, desmintiendo las acusaciones y exigiendo explicaciones formales a la Cancillería argentina. "No es la primera oleada de una manía de espionaje, relacionado con los intentos de los adversarios de nuestro país, de perjudicar las relaciones ruso-argentinas", expresó la delegación diplomática.

Expertos internacionales, como Thomas Kent, subrayan el interés estratégico de Rusia en Argentina como puerta de entrada a América Latina y advierten sobre la sofisticación de las campañas de desinformación. El caso se suma a antecedentes en la región, donde se han detectado redes similares en Brasil, Uruguay y otros países, y pone en relieve la necesidad de fortalecer la cooperación internacional en materia de seguridad y control migratorio.

El episodio reaviva el debate sobre la influencia extranjera en los procesos democráticos y la importancia de la soberanía informativa, en un contexto global marcado por la competencia geopolítica y la proliferación de operaciones encubiertas.